Posiciones

Panamá y el Consejo de Seguridad de la ONU (III)

La República de Panamá ha sido electa en cinco ocasiones distintas para ocupar, por un período de dos años, uno de los asientos no permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (1958-1959, 1972-1973, 1976-1977, 2007-2008). En cada una de estas ocasiones, la participación panameña se ha distinguido por el ejercicio de un pragmatismo muy peculiar balanceando los objetivos nacionales con los mejores intereses de la humanidad, por buscar un equilibrio entre el realismo y el idealismo. En tal sentido, no es coincidencia que en el Grupo Latinoamericano y del Caribe (GRULAC), conformado por 33 Estados, seamos uno de los Estados con más trayectoria en el Consejo Seguridad, solamente superados por Brasil, Argentina y Colombia, en cuanto al número de veces en que hemos resultado electos. En el interés de continuar con esta tradición, es fundamental que Panamá, ante su eventual elección como miembro no permanente del Consejo de Seguridad para el período 2025-2026, se presente con una hoja de ruta clara y con objetivos específicos que faciliten nuestra proyección y posicionamiento en temas claves de la agenda de seguridad global.

Panamá, como un Estado pequeño, amante de la paz y sin ejército, con un canal neutral, debe poner en el centro de su participación en el Consejo de Seguridad, el respeto irrestricto al derecho internacional, en particular a la Carta de las Naciones Unidas y a la prohibición del uso de la fuerza. Esto implica ser una voz crítica cuando las circunstancias así lo exijan y velar por que los Estados o, inclusive, el Consejo mismo, no actúen más allá de donde la ley internacional los autorice (ultra vires). Lo anterior es fundamental pues una buena parte del derecho internacional se forma a través de los actos unilaterales y la práctica internacional de los Estados.

También será importante que Panamá priorice en ciertos temas específicos, vinculándolos a una estrategia internacional sesuda planteada a largo plazo. Por ejemplo, un tema en el que los últimos tres Estados representantes del GRULAC en el Consejo de Seguridad (México, San Vicente y las Granadinas y República Dominicana) han enfatizado es en el cambio climático y su vinculación con la paz y la seguridad internacionales. Panamá por su posición geoestratégica y sus ventajas competitivas podría jugar un rol fundamental en la respuesta multilateral a los desastres naturales y el Consejo de Seguridad es el foro adecuado para construir alianzas para tal fin.

Otra área a priorizar podría ser el desarme y la no proliferación. Nuestro país desde su asiento no permanente en el Consejo debería trabajar en pro del fortalecimiento de los mecanismos de verificación y cumplimiento de los tratados relativos a las armas nucleares y químicas. Igualmente, en base a la experiencia de la pandemia y en el entendimiento de los potenciales y devastadores efectos que un arma biológica podría tener sobre la humanidad, Panamá debería liderar una iniciativa internacional para dotar a la Convención de Armas Biológicas de un mecanismo internacional independiente que vele por su cumplimiento y que trabaje de la mano con la Organización Mundial de la Salud. Las prioridades de la comunidad internacional ante la coyuntura actual son extensas e incluyen la cuestión del veto, la responsabilidad de proteger, las operaciones de paz, los ciberataques y la inteligencia artificial.

Uno de los éxitos más rotundos de la política exterior panameña fue la celebración en 1973 de un período de sesiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el Palacio Justo Arosemena en Panamá. Para tal fin fue necesario un despliegue diplomático sin precedentes. Con esto en mente y con la mirada puesta en el 2026, cuando se conmemoren los 200 años del Congreso de Panamá y su Tratado de Liga, Unión y Confederación Perpetua, invito a mis lectores y a los órganos rectores de la política exterior panameña a considerar la conveniencia o no de organizar para el 2026 una cumbre mundial en donde se discutan, entre otras cosas, el proyecto de artículos de protección de personas en casos de desastres o el establecimiento de un organismo de verificación y cumplimiento para la Convención de Armas Biológicas. Inclusive, el foro podría ser el ambiente propicio para revivir las adhesiones al Protocolo del Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá. En tal sentido, la plataforma que ofrece una membresía en el Consejo de Seguridad y el eventual ejercicio de su presidencia facilitaría la convocatoria de la cumbre y la asistencia de muchos Estados.

La membresía en el Consejo de Seguridad es una oportunidad más para relanzar la política exterior panameña, para presentar una estrategia internacional coherente, que vaya más allá de los asuntos comerciales. En el 2025-2026 será imprescindible conformar un equipo interdisciplinario, ajeno a las divisiones partidistas e ideológicas, que permita proyectar una política exterior sustentada en principios como la libre determinación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación internacional para el desarrollo, y el respeto y la promoción de los derechos humanos.

El autor es abogado y profesor de derecho internacional

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