Después de la invasión estadounidense de 1989, se estableció constitucionalmente la eliminación del ejército y la creación de la Policía Nacional en reemplazo de las militares, Fuerzas de Defensa o Guardia Nacional, pero los gobiernos civiles han desnaturalizado el propósito de la institución de seguridad, llenando de poder y privilegios a los policías, hasta convertir la institución en una casta de privilegiados con jugosos salarios y jubilaciones especiales. Los comisionados, por ejemplo, después de jubilarse entran nuevamente a la planilla estatal, nombrados como asesores en diferentes ministerios y dependencias del gobierno.
La Policía Nacional y sus integrantes nunca dejaron la formación y prácticas de los militares que le antecedieron, porque los que quedaron al frente de ella fueron formados en academias militares; aprendieron y practicaron la represión y el abuso de la fuerza, que luego transmitieron a los nuevos cadetes y así sucesivamente, de manera que el modus operandi de los militares se propagó hasta convertirse en el modelo a seguir. La nueva camada de oficiales, provenientes algunos de academias policiales, trataron de poner en práctica el nuevo modelo, pero ya el gorilismo se había enseñoreado en las filas de la institución.
Los directores civiles, en su mayoría, tenían escaso conocimiento del tema policial y fácilmente cayeron en los cantos de sirena de los militares con cargos y uniforme de policías. Durante la administración de Martín Torrijos, asesores nostálgicos de la dictadura le recomendaron nombrar director a un militar de carrera, rompiendo lo que había sido una regla respetada por sus antecesores para mantener el equilibrio en la Policía. Adicionalmente y en un acto de evidente retroceso, le quitó la potestad de investigar los delitos a la Policía Técnica Judicial, que estaba adscrita al Ministerio Público, y se la traspasó a la Policía Nacional, dándole más poder. Una policía sin vocación para la investigación quedaba con las manos libres y la capacidad de abusar del poder y ventaja para alterar la escena del crimen. Este nuevo escenario agudizó el descontrol en la institución y surgieron los denominados clanes de subcomisionados y comisionados, que persisten en la actualidad y que solo ha traído favoritismo, conspiraciones, indisciplina y corrupción.
Ricardo Martinelli, sucesor de Torrijos, incentivó todas esas malas prácticas, pero, además introdujo otras, como otorgar el perdón presidencial a policías involucrados en crímenes y abusos, darles un porcentaje del dinero que recaudaran por la imposición de boletas de tránsito, lo que disparó el abuso policial e institucionalizó los conocidos “retenes coimeros”, y, como si eso fuera poco, retrotrajo a la institución la vieja práctica de la sapería y el espionaje, aumentando su nivel de descomposición y desnaturalización.
Juan Carlos Varela no hizo nada diferente. Durante sus cinco años de gestión llenó de aumentos de salarios, ascensos, nombramientos y otros privilegios a los policías, especialmente a los altos mandos. La decadencia, corruptela y militarización de la Policía Nacional se agudizó, mientras el crimen organizado, que hace décadas había penetrado todas las estructuras de la institución, celebraba con champaña ese descalabro que les despejaba el camino para fortalecer su dominio y presencia en el país.
El actual presidente, Laurentino Cortizo, habla con frecuencia de una “política de seguridad”, lo que en la práctica se aproxima más a una bufonada. Su administración, lejos de hacer los cambios requeridos en la Policía, mantiene el statu quo.
La penetración de los estamentos de seguridad por parte del crimen organizado y el narcotráfico es un hecho que se corrobora frecuentemente cuando nos enteramos de la participación de oficiales y policías en actos de complicidad o asocio con bandas del narcotráfico. La situación es grave, pero no se toma con la seriedad que amerita. Ojalá en la próxima campaña electoral surjan propuesta para reformar y rescatar la Policía Nacional y acabar con el gorilismo militarista y la corrupción que hoy día corroe una entidad llamada a proteger y servir a los ciudadanos.
El autor es comunicador social
