Economía

Pandemia y endeudamiento

La economía—nacional, familiar e individual—es una de las grandes víctimas de la pandemia. El Banco Mundial estima que el producto interno bruto panameño (PIB) caerá 8.3% en 2020 (La Prensa, 9 de octubre).

Un descenso de esta magnitud no se había visto desde la dictadura. Según el Centro Nacional de Competitividad, en 1987 el PIB decayó 1.8%; el año siguiente, se desplomó 13.4%.

Entre 1989 y 2019, la economía de Panamá creció ininterrumpidamente, pero los frutos de ese crecimiento fueron malgastados. Si hubiesen sido invertidos en buena nutrición, educación y salud, tendríamos una población mejor formada y más saludable, con mayores posibilidades de enfrentar y superar la pandemia.

Mientras la emergencia continúa, el gobierno sigue con sus vivezas, pidiendo dinero prestado a fin de sortear su alarmante escasez de recursos para pagar a los empleados públicos y aplacar los apetitos y voracidades de sus jerarcas.

Los 236 mil 486 funcionarios contabilizados a mayo de 2020 (La Prensa, 11 de julio)—incluyendo a los “influencers” de ejecutivo y las botellas de la partida 172—han seguido recibiendo puntualmente sus salarios, gastos de representación, viáticos, gastos de movilización, dietas y otros ingresos sin siquiera rendir, en la inmensa mayoría de los casos, un servicio mínimamente aceptable a cambio de los pagos que obtienen a punta del endeudamiento de todos.

Cuando entró el Sr. Cortizo (1 de julio de 2019), la deuda pública tenía un saldo de 26 mil 612.5 millones de dólares. Trece meses más tarde—al 31 de julio de 2020, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas—el saldo había crecido a 33 mil 466.4 millones de dólares.

Los 6 mil 853.9 millones de aumento en ese lapso representan un incremento del 26%. A ese ritmo, en tan solo cuatro años (o sea, a 2023), el saldo de la deuda pública se duplicará.

El gobierno está trabajando arduamente para alcanzar esa meta. Tres semanas atrás, anunció con bombos y platillos la colocación de 2 mil 575 millones de dólares en bonos (La Prensa, 22 de septiembre).

Sumadas a la deuda contraída desde el 1 de julio de 2019 (6 mil 853.9 millones) las emisiones de septiembre (2 mil 575 millones) elevan a 9 mil 428.9 millones de dólares el endeudamiento incurrido por el gobierno de turno en 15 meses (al 30 de septiembre de 2020).

Esto representa un endeudamiento promedio de 628.59 millones por mes, ritmo sin precedentes y peligroso para la estabilidad del país, sobre todo si no hay sólidas perspectivas de recuperación económica o de aumento en los ingresos del Estado. Al 30 de septiembre de 2020, estos ingresos mostraban un descalabro de mil 795.2 millones de dólares “por debajo de lo presupuestado” (MEF, 5 de octubre).

El gobierno parece apostar a que la economía crecerá en 2021. El Banco Mundial proyecta una recuperación del 5.3% del PIB el año entrante (La Prensa, 9 de octubre).

Sería interesante que el gobierno y el Banco Mundial explicaran en qué se basan sus expectativas y cómo se espera que influyan en la economía, así como en los ingresos del Estado y su capacidad para afrontar el servicio de tan elevada deuda pública.

Lo peor es que el coronavirus aún acecha, amenazándonos con un rebrote. Ante esa perspectiva, a nuestros creativos funcionarios, cuya característica principal es su sólido criterio jurídico y firme apego a la constitución y la ley, no se les ocurrirá algo diferente a imponer un nuevo confinamiento, lo que invariablemente añadirá a nuestras penurias económicas.

La conexión entre la situación económica, los ingresos del Estado y el servicio de la deuda es una ecuación básica y elemental. Cuando decae la economía se reducen, también, los ingresos estatales y se afecta la capacidad para pagar la deuda.

Eventualmente, puede producirse una crisis ante la incapacidad para pagar lo adeudado, como ha ocurrido en otras partes.

Es evidente que la reactivación económica debe convertirse en una prioridad para el gobierno y que esa reactivación, además de impulsar los sectores tradicionales de la economía, debe promover actividades descuidadas o desatendidas, que ofrecen oportunidades a muchos sectores. La crítica situación que enfrentamos exige, además, una reducción del gasto público y la eliminación del despilfarro característico del sector público panameño.

El autor es politólogo e historiador y dirige la maestría en Asuntos Internacionales en Florida State University, Panamá.

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