Comencemos con lo obvio, a catorce meses de iniciada la pandemia ha quedado claro, entre otras cosas, que: nos va a tomar años (o décadas) recuperarnos de sus impactos y secuelas económicas, sociales, psicológicas y políticas, además de las de salud; y una vez más se repite la historia: en momentos de graves emergencias públicas, aflora lo mejor y lo peor de la conducta humana.
En el mundo y en Panamá tenemos ambos ejemplos. Localmente, entre lo mejor, hemos visto la vocación de servicio de nuestro personal de salud y de voluntarios, como los cruzrojistas. Entre lo peor: las numerosas denuncias de posibles actos oportunistas y corruptos de personas y empresas que han aprovechado la falta de controles en la proveeduría y contrataciones públicas bajo el declarado “estado de emergencia”, que no tiene aún cuando acabarse. O la humanidad no aprende, o aprende demasiado bien: miles de instancias y casos de corrupción de dieron y se documentaron como consecuencia de la epidimia de ébola en África, los huracanes Katrina, Rita y Wilma en Estados Unidos y el tsunami en Asia. La diferencia es que la pandemia de la Covid-19 está generando lo mismo a una escala global sin precedentes.
Esta crisis mundial de gobernanza, donde cada debilidad estructural, gubernamental, social y económica ha quedado al desnudo, incluyendo las debilidades preexistentes en los sistemas sanitarios de muchos países, Panamá entre ellos, presenta un caldo de cultivo ideal para la corrupción, frente a la masiva cantidad de fondos y recursos destinados a la crisis sanitaria y económica sin los controles previos y posteriores usuales.
Bastante ya tenemos en el plato la ciudadanía para preocuparnos de un tema que no parece tener relación directa con el bien común. Sin embargo, la incapacidad de identificar a los verdaderos propietarios de las empresas que están contratando con el Estado está trayendo resultados nefastos no es solo en Panamá: el Proyecto de Justicia Global (worldjusticeproject.org) calcula que 29% de los recursos destinados a la salud pública en el mundo han sido desviados ilegalmente a personas y empresas inescrupulosas. Hoy se le llama a la corrupción “la otra pandemia”.
Hablar de un Registro de Beneficiarios Finales -quienes tengan el control real de personas jurídicas- es también, en tiempos de pandemia, un tema global, no solo de Panamá. Costa Rica, Colombia, Estados Unidos, Bahamas, Islas Vírgenes Británicas, por nombran vecinos relevantes, están a su vez aprobando e implementando marcos normativos, tecnólogicos y prácticos para promover la transparencia de los beneficiarios efectivos en la lucha contra la corrupción. ¿Y en Panamá? Pues harta conocida la coreografía: pasamos la ley, no la implementamos, proponemos reformas sobre la misma… pero no hay cambios reales.
¿Por qué debería preocuparnos quiénes son los verdaderos dueños de personas jurídicas frente a una lista interminable de cosas que arreglar en el país? Inevitablemente, sin controles ni rendición real de cuentas (que no son informes de relaciones públicas) es mucho mayor el riesgo de que el dinero público se pierda al fraude y la corrupción y que desvíen del apoyo a los más necesitados, dados los montos masivos que se están moviendo.
En un artículo reciente, Louise Russell-Prywata de OpenOwnership.org, una organización referente sobre el tema, ha identificado algunas áreas donde es vital promover la transparencia de los verdaderos dueños de las personas jurídicas en el contexto de la pandemia:
- Contrataciones públicas: La transparencia de la propiedad permite a los gobiernos llevar a cabo de forma rápida y eficaz unas normas mínimas de diligencia debida sobre sus proveedores, además de reducir el riesgo inmediato de corrupción.
-Seguimiento de la ayuda financiera: Actualmente se están inyectando miles de millones en préstamos internacionales en las economías de todo el mundo, Panamá entre ellos -ya con once mil millones de deuda adquirida durante la pandemia-. Parte de estos fondos se destinarán a empresas en paquetes de estímulo económico. Sin un seguimiento eficaz ¿cómo evitar el riesgo de que sean desviados por la corrupción o la mala gestión?
-Atraer la inversión: La recuperación económica post-pandemia ya se perfila como una competencia entre países por atraer inversiones extranjera. Pero los inversionistas hoy exigen normas de gobernanza en los lugares en los que van a invertir. La falta de transparencia en la propiedad efectiva es un factor de riesgo clave.
Por último, construir la confianza en tiempos de crisis en las democracias de todo el mundo, se está haciendo cada vez más complejo. La falta de transparencia, no saber quién se beneficia de los fondos del gobierno tiene un fuerte impacto negativo en la confianza ciudadana hacia el gobierno, ya muy erosionada en Panamá por las actuaciones opacas de los actores gubernamentales.
Largo es el camino a la recuperación, solo con transparencia tendremos acceso a los fondos necesarios para ello.
La autora es abogada y directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana.
