Cinco meses han pasado desde que inició el confinamiento por la Covid-19 y, lo que comenzó como una historia de altas expectativas, felicitaciones internacionales y avances positivos, se ha convertido en decepciones, incertidumbre y, lastimosamente, fracasos.
Desde la promulgación de la Resolución de Gabinete No. 11 de 13 de marzo de 2020, que declara un “Estado de emergencia nacional” y la suspensión inconstitucional de garantías y derechos inherentes a los ciudadanos, el Estado panameño ha tomado diversas medidas que, en teoría, buscan contener la crisis. A pesar de ello, el descontento ciudadano aumenta, considerando que un porcentaje importante de las medidas han sido insuficientes, ineficaces y, en ocasiones, equivocadas.
La certeza, aplicación y legalidad de una decisión gubernamental, parece que se decide por complacencia, conveniencia o improvisación. Considerando qué normas son aplicadas, incluso antes de su promulgación en Gaceta Oficial, o que las decisiones sobre las medidas a implementar pueden cambiar dependiendo de la reacción pública. Recordemos el caso del cierre de las escuelas, en que la decisión de la ministra del ramo, fue posteriormente cambiada por el presidente; otro caso es el de la ley de moratoria, enel que se firmó un “acuerdo” con entidades bancarias que luego fue considerado insuficiente por otro örgano del Estado; y una de las últimas novedades, que menciono para que no quede en el olvido, es aquella en la que el ministro de Salud considerará “conceder” a las mujeres el “derecho” de utilizar dos horas adicionales para los “arreglos que ellas necesiten en los salones de belleza”, luego de anunciar que una cantidad de comercios abrirán sus puertas, pero que las dos horas, por tres días a la semana (para mujeres) y dos días a la semana (para hombres), se mantienen.
Esta situación ha sido agravada por una Corte Suprema Justicia taciturna y permisiva, cuyo rol incluye la tutela y control de la legalidad y constitucionalidad del actuar administrativo, pero que ha optado por no pronunciarse sobre las tantas demandas de inconstitucionalidad que buscan proteger el ordenamiento jurídico de inminentes exabruptos constitucionales. Y sí, a pesar de que la “velocidad” no es una de las mayores virtudes de la justicia panameña, la demora en dar respuesta sobre situaciones apremiantes causa consternación, preocupación y un sentimiento de indefensión en la ciudadanía.
Indudablemente, la pandemia ha representado una prueba para los administradores gubernamentales, que aún no estamos seguros de haber pasado satisfactoriamente.
Sin embargo, como ciudadanos, debemos saber que existen oportunidades de mejora. Por ejemplo, la necesidad de distanciarnos físicamente ha traído consigo importantes avances para la justicia y la tramitología administrativa y judicial. Procesos que debían ser presenciales, ahora pueden ser virtuales, facilitándole a los ciudadanos el acceso a los servicios requeridos. De igual forma, la necesidad de acceder a medicamentos de forma rápida y evitar el desabastecimiento, motivó que se eliminará la necesidad de registros sanitarios para ciertos medicamentos que han sido reconocidos y aprobados por países expertos en la materia.
A pesar de que muchas de las medidas son temporales, representan una oportunidad para la agilización y mejora del servicio público, y nos demuestran que tenemos la capacidad de mejorar, aún durante la crisis.
Una gran cantidad de los problemas y deficiencias del sistema panameño estaban escondido detrás de infraestructuras ostentosas y un crecimiento anual de la economía del país envidiable. Lastimosamente, ese crecimiento exponencial no se traducía en una mejor calidad de vida, accesible para todos los panameños. Es nuestra oportunidad, como ciudadanos, de exigir excelencia y rendición de cuentas. Quedarnos callados durante estos años nos ha pasado factura, pero aún estamos a tiempo de agarrar las riendas de nuestro país y encaminarlo a su mejor versión.
La autora es miembro de la Fundación Libertad