Los comentarios condenatorios a través de la prensa escrita, la radio y la televisión, reflejan fiel y claramente el repudio que se ha generado en el público ante actos tan vandálicos y bochornosos. Es el momento de actuar, pero con firmeza. Terminar con los paños tibios. Se trata de delincuentes que deben ser recluidos en las cárceles a la par de otros delincuentes. ¿Y por qué no se ha procedido de manera decidida? No puede uno menos que inferir que las "autoridades" educativas que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y aceptable, y lo malo y pernicioso, se sientan impotentes ante la actitud del estudiantado. ¿Podría ser temor a la crítica de otros estudiantes, otros maestros y los padres de familia? Si esas son las razones, Dios nos coja confesados. Estamos perdidos. No tenemos redención. ¡Paulatina y no lentamente quedaremos sumidos en un caos de anarquía que va a ser más difícil de corregir!
Para los maestros, profesores, estudiantes y buenos padres de familia no debe ser aceptable que estudiantes se comporten como rufianes. Señalarlos no debe considerarse como un acto de traición, sino como una actitud edificante que debe culminar con la eliminación de las aulas de mentes desquiciadas, sometidas al influjo de extremistas obcecados e incapaces de ventilar sus ideas de manera civilizada en cualquier foro de opinión. No hacerlo los convierte en cómplices de todos los desmanes que cometen y seguirán cometiendo estos psicópatas.
Hace varios meses aparecieron por primera vez los enmascarados universitarios. A la ciudadanía nos gustaría conocer si se hizo una investigación seria para desenmascararlos y castigarlos, preferiblemente con expulsión. En aquella ocasión escribí al respecto, porque las vistas de la televisión revelaron momentos en que pusieron en peligro la vida de unos policías, seguramente a sabiendas de que nada les pasaría porque podían protegerse con el equivocado concepto de "asilo" que ofrecen los predios universitarios. La inviolabilidad del recinto universitario tiene otros fines; el objetivo no es proteger a delincuentes enmascarados o descubiertos.
La policía debe perseguir y capturar a estos sujetos que cometen desmanes contra las personas y los bienes de particulares y del Estado; luego entregarlos a la justicia esperanzados en que ésta actúe con firmeza sin dejarse amedrentar por amenazas de huelga o protesta de parte de los padres de familia, algunos de los cuales son, a fin de cuentas, igualmente responsables por no haber cumplido su misión de orientadores en el hogar.
Considero que este enojoso asunto se les presenta a los(as) legisladores(as) como en bandeja de plata para proponer y aprobar una ley que castigue a todas las personas que usen máscaras para cualquier actividad de protesta, puesto que ese cobarde anonimato se presta para cometer toda clase de delitos.
Las autoridades educativas y la policía tienen la palabra. La ciudadanía espera que actúen como les corresponde; como auténticas autoridades que den cumplimiento al mandato constitucional que consagra el derecho al libre tránsito, razón de sobra para acabar con esa perniciosa práctica. El derecho a protestar no debe causar incomodidad y mucho menos daño a las personas o a las propiedades de la ciudadanía. Los grupos de estudiantes, sindicatos u otras organizaciones que quieran realizar marchas de protesta, que las hagan, pero en las aceras, que es lo que se hace en los países civilizados donde los que se tiran a la calle son cargados o arrastrados por policías que de verdad están al servicio de las mayorías.