El actual proceso de transición entre el gobierno saliente y el entrante ha permitido que salgan a la luz algunas “peculiaridades” de la administración pública que han causado asombro y rechazo. Entre éstas sobresalen las relacionadas con la forma en que se ha manejado lo concerniente a la Carrera Administrativa.
Si bien hay consenso en cuanto a la importancia de disponer de una ley que regule la relación laboral entre el Estado y quienes ejercen funciones dentro de este engranaje, protegiendo a los buenos servidores de aquellas prácticas nocivas como el clientelismo político, pienso que han habido desviaciones, y ese norte ha pasado a segundo plano, porque hasta ahora los gobiernos de turno han demostrado que es más importante recompensar a copartidarios y amigos dejándolos bien acomodados.
La idea era otorgar estabilidad a quienes en realidad la merecían, con base en méritos, cumplimiento de requisitos de educación de cada puesto y, sobre todo, buen desempeño. Pero, es precisamente en este último punto donde se han producido las mayores distorsiones. La evaluación del desempeño laboral en las instituciones públicas, lejos de ser aquel instrumento científico de medición objetiva, se ha convertido en un paso más dentro de un conjunto de trámites implementados para otorgar o mantener el estatus de carrera administrativa.
Los ciudadanos conocen y sufren las consecuencias de la mala calidad del servicio en la mayoría de las entidades del sector público, sin embargo, si se efectúa una revisión de las evaluaciones de desempeño del personal de esas instituciones (si es que la tienen), sorprenderá el elevado número de altas calificaciones. En algunas casos, la cantidad de excelentes podría llegar a despertar la envidia de la fuerza laboral de la Agencia Espacial de Estados Unidos (NASA), famosa por sus altos estándares de reclutamiento y selección.
Urge revisar los actuales métodos implantados para medir la forma en la que se realiza el trabajo. Debe darse mayor importancia a aspectos tales como: productividad, calidad del trabajo realizado y logro de objetivos previamente fijados. Atrás han quedado los días en que se consideraba casi una desgracia trabajar en una institución pública, porque aquello era sinónimo de bajo salario, inestabilidad, jubilación paupérrima, etc. Ahora, estamos palpando los efectos de ubicarse al otro extremo, el de los salarios altamente competitivos y en constante ascenso, permanencia garantizada en el puesto ofreciendo casi nada a cambio, y “la tapa del coco”, al llegar a las edades exigidas para recibir la pensión de retiro por vejez, quedarse en el puesto indefinidamente (hasta que la muerte lo separe) recibiendo ambos ingresos, la pensión y el sueldo. ¿cómo la ve, amigo lector? Como dicen por allí, pura vida.
Con relación a esto de “jubilarse” y quedarse laborando, me preocupa el futuro de decenas de miles de jóvenes que no tendrán la oportunidad de ingresar a las filas de profesionales al servicio del Estado, de continuar este absurdo. Es contraproducente otorgar a perpetuidad los puestos, esgrimiendo la excusa de que con ello respetamos aquél precepto constitucional que señala que todos los ciudadanos tenemos derecho al trabajo. El irse para la casa con su respectiva pensión y cuando toca, en nada contradice o violenta el derecho. Lo que ha habido es una hábil y mala interpretación de disposiciones relativas al tema.
A nuestro Presidente electo le espera un conjunto de difíciles situaciones que deben ser atendidas y corregidas, pero él ha dado muestras de tener lo más necesario para hacerlo, firmeza de carácter. Entonces, ánimo y agarremos al toro por los cuernos sin más dilación.
