Cuando de "reforma tributaria" se habla no puedo menos que recordar aquella de 1964 cuando el Ing. David Samudio y su equipo del Ministerio de Hacienda y Tesoro, al cual pertenecí, logró la aprobación de la Ley 9 de 23 de diciembre de 1964, contentiva de la Reforma Tributaria de ese año. Entre otras medidas, las más importantes fueron la introducción del impuesto sobre la renta a los dividendos y el complementario, el impuesto a las ganancias en enajenaciones de bienes inmuebles, reducción de los tramos de la tarifa del impuesto a personas jurídicas, precisión del concepto de la fuente panameña, un aumento de las deducciones personales, los nuevos documentos que debían acompañar la declaración anual de rentas para mejorar la fiscalización, y otras tantas medidas de control.
La presentación del proyecto de ley a la Asamblea Nacional, dentro del espíritu de las reformas agraria, tributaria y administrativa de la Carta de Punta del Este y de la Alianza para el Progreso de John F. Kennedy, fue precedida por amplias consultas al sector privado, entre los cuales se encontraba el "recién-nacido" CONEP y sus interlocutores, como los entonces jóvenes I. Roberto Eisenmann y Fernando Manfredo. Esa presentación fue precedida de una amplia discusión con todos los sectores interesados que, luego de crudos pero bien intencionados choques de opiniones, resultó en la introducción de muchas de las mejoras sugeridas. Recuerdo que hubo una franca disposición de todos los sectores por producir reformas que fueran lo más neutrales y menos perjudiciales a la economía, al tiempo que permitieran al nuevo gobierno liberal de Marco A. Robles disponer de fondos para ejecutar las políticas de administración pública necesarias y prometidas en campaña.
Los debates en la Asamblea fueron interesantes y enriquecedores, presididos por el HD liberal Carlos Arias. Planteamientos en general favorables de los HH.DD. liberales Rigoberto Paredes, Julio C. Harris, José Agustín Arango, Raúl Arango, César Arrocha, Bernardino González Ruiz, Arnulfo Escalona, Rafael Galán y Alfredo Ramírez, y de partidos aliados como Alonso Fernández y Abraham Pretto, eran cuestionados por Juan B. Arias, Carlos Iván Zúñiga y Virgilio Schuverer y también fuertemente atacados por la oposición del Partido Panameñista liderada por Juan de Dios Poveda, María Santodomingo de Miranda y Jacobo Salas.
Como en aquella ocasión, cada vez que se han intentado reformas impositivas, se han adelantado tres razones para justificar la necesidad de cambios en el sistema de tributación. Esas razones trilladas son: (a) simplificarle la vida al contribuyente con un sistema cada vez más sencillo de pagos; (b) eliminar impuestos difíciles de manejar para la administración y poco productivos; y (c) simplemente aumentar los ingresos del Estado. Intenciones muy loables, pero que vienen a ser como buscarle la cuadratura al círculo. Un impuesto muy sencillo de administrar, pero obviamente injusto sería, por ejemplo, basar el gravamen en la cantidad de ventanas de las residencias, contarlas y multiplicarlas por la tasa sin tomar en consideración ni el valor de la residencia ni el número de personas que habitan en el inmueble. Un impuesto justo sería tomar en consideración todas y cada una de las circunstancias personales mitigantes de cada contribuyente en particular para rebajarle el monto a pagar, sin considerar la carga administrativa que eso representaría para el Estado. Un impuesto recaudador y buen productor de ingresos fiscales sería gravar todas las etapas de comercialización de todos los productos y todas las mercancías, sin tomar en consideración la situación del consumidor ni el esfuerzo fiscalizador necesario.
Por eso, no nos debemos llamar a engaños. Si con la reforma del 2005 se pretende aumentar los ingresos fiscales, no es correcto endulzar el trago amargo con cantos de sirena sobre justicia vertical y justicia horizontal, y demás yerbas aromáticas. Al pan, pan; y al vino, vino; aceptemos que el agua y el aceite no mezclan muy bien. Si una migaja de justicia se puede conseguir, bienvenida sea; pero que no nos doren la píldora disfrazando la razón primordial e ineluctable que realmente persigue el Gobierno en el 2005 y que no estará dispuesto a relegar a un segundo lugar por mucha oposición que encuentre en el camino.
Si de real justicia se tratara, entonces que el Gobierno promueva una reforma cuando el Estado no sienta la urgencia desesperada de ingresos adicionales impostergables, de modo que el esfuerzo esté libre del sentido de apremio y de asfixia que hoy nos hace ver. Algo así recuerdo que hizo Canadá con lo que llamó el "White Paper" sobre impuestos hace varias décadas cuando, con toda tranquilidad, involucrando a todos los sectores de la economía y de la población, y sin sentido de apresuramiento ni sobresaltos, decidió tomarse su tiempo para rediseñar su sistema impositivo con el fin de hacerlo más justo y menos oneroso tanto para la población como para la administración. Algo así le sugerí en su oportunidad al presidente Aristides Royo, pero la idea desafortunadamente no caminó. Ojalá algún día, no muy lejano, hagamos ese esfuerzo con la tranquilidad y la altura de miras que se merece.
