Una vez se firmaron los tratados Torrijos–Carter, sobre el Canal de Panamá, y el de Neutralidad, el 7 de septiembre de 1977, entre James Carter de Estados Unidos, y Omar Torrijos de Panamá, comenzó el proceso de reversión que culminó el 31 de diciembre 1999. Fue una lucha generacional.
A pesar de que se elevó a rango constitucional todo lo relacionado con el funcionamiento y administración de la vía acuática, dizque para alejarla de los vaivenes políticos, los nombramientos son políticos y se manejan de igual forma. Esto ha hecho que una casta de politiqueros se apodere de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Cada presidente de turno nombra a los amiguitos de su partido.
El Canal de Panamá es el activo más importante del país; en consecuencia, debe ser del interés de todos los ciudadanos lo que sucede con ese patrimonio, ícono de Panamá. No obstante, están pasando cosas muy graves, pero no hay una voz autorizada que le explique al pueblo el desgreño que se traen.
Es sorprendente y hasta sospechoso, que cuando se hizo la licitación pública para la ampliación y construcción del tercer juego de esclusas de esta megaobra, por $5 mil 250 millones de dólares, la compañía ganadora fuese Grupo Unidos por el Canal (GUPC), que presentó la oferta más baja, alrededor de $3 mil 117 millones de dólares.
Cifra dudosa porque, como reza el refrán, “lo barato sale caro”. Miren el problema que tenemos ahora, la única explicación posible es que haya habido un arreglo tras bambalinas porque los números no cuadran. Se dice que las obras de los socios de este grupo han resultado fiascos en otros países.
En 2014, cuando GUPC-Sacyr se declararon insolventes y prácticamente quebrados, era el momento de salir de ellos. Sin embargo, de manera inaudita y temeraria le dieron oxígeno, prestándole dinero, a sabiendas de que no podrían cumplir.
Ahora resulta que otra vez dicen que están insolventes, mientras los trabajos siguen inconclusos, con fallas estructurales, y el Estado sufre pérdidas millonarias, porque, a ciencia cierta, se ignora cuándo terminarían la obra.
La junta directiva de la ACP debería estar conformada por ciudadanos probos y con solvencia moral, Pero resulta que uno de sus miembros ha sido imputado de graves delitos y, por lo que veo, no hay autoridad que lo obligue a renunciar o que lo ponga en manos de la justicia.
A pesar de que el pueblo ha sido el protagonista principal de la recuperación del Canal, y que pagó esta lucha con sangre y muertos, hoy en día es solo un espectador porque los políticos le han arrebatado su derecho de manera mezquina.