Desde hace varios años los juegos olímpicos han funcionado como una plataforma para la proyección del “poder blando” por parte de las grandes potencias. El óptimo desempeño olímpico de la delegación de un determinado Estado, en ocasiones, llega a trascender el ámbito deportivo, resaltando la cultura y los valores del país al que representan frente a la opinión pública internacional. Esto, a su vez, le permite al Estado obtener resultados políticos favorables a nivel internacional. Por otra parte, los juegos olímpicos también sirven de escenario para formular indirectamente reclamaciones de orden político o para actos de profundo significado a nivel mundial. Los juegos de Tokio 2020, a pesar de las complicaciones inherentes a la pandemia del Covid-19, no han sido ni serán la excepción.
En los primeros días de la cita olímpica hemos visto como la competencia hegemónica entre los Estados Unidos de América y la República Popular China se ha trasladado al ámbito deportivo y al medallero olímpico. Igualmente, Japón, el país anfitrión, a través de la ceremonia de apertura, la organización del evento olímpico mismo y su desempeño exitoso en varias competiciones ha buscado proyectar la imagen de una nación sólida y floreciente. Además, la delegación rusa está compitiendo con la bandera del Comité Olímpico Ruso y no bajo la Federación Rusa, debido a la suspensión de cuatro años de las olimpiadas luego del escándalo de manipulación de muestras en las pruebas antidopaje de sus atletas.
Estos juegos olímpicos también le han dado continuidad al equipo olímpico de refugiados con la participación de 29 atletas. Tomando en consideración que a nivel mundial existen cerca de 26,4 millones de refugiados, aunado a los 4,1 millones de solicitantes de asilo y a los 48 millones de desplazados internos, hacen que la participación de estos atletas sea un acto inclusión que a su vez contribuye a la aplicación más amplia del criterio de representatividad. Una postal que quedará para la historia fue el abrazo en la ceremonia de inauguración del nadador Alaa Maso, del equipo olímpico de refugiados, con su hermano, Mohamed Maso, triatleta del equipo de Siria. Ambos hermanos son originarios de Alepo, Siria, la ciudad más poblada del país y una de las más afectadas por guerra civil, y actualmente viven en Alemania.
También se han generado espacios para la protesta, siendo uno de los más notables el del nadador Win Htet Oo quien declinó en participar de los juegos olímpicos en su especialidad de 50 metros libre luego del golpe de estado perpetrado por los militares en Myanmar. El atleta de 27 años, quien probablemente no pueda volver a competir en unos juegos olímpicos, explicó que, a pesar de haber entrenando por 20 años para la justa olímpica, fue una decisión muy fácil pues el Comité Olímpico de Myanmar está controlado por una junta militar que está siendo acusada de cometer genocidio y crímenes de lesa humanidad.
Otro episodio involucró al judoca argelino Fethi Nourine, quien, ante la posibilidad de enfrentarse a un rival israelí en otra etapa de la competencia, decidió retirarse de los juegos olímpicos de Tokio en apoyo a la causa palestina. Lo anterior ha llevado a la Federación Internacional de Judo a iniciar un proceso disciplinario contra Nourine por faltar a sus políticas de no discriminación. Este incidente se suma a otros como el del iraní Saeid Mollaei quien también se retiró en circunstancias similares del campeonato mundial de judo en Japón (2019), lo que trajo como resultado la expulsión de Irán de la Federación Internacional de Judo.
Si bien los juegos olímpicos tienen, en teoría, un carácter apolítico o neutral, en la práctica las dinámicas geopolíticas juegan, cada vez más, un rol preponderante en su organización y planificación. Si a lo anterior sumamos las astronómicas inversiones financieras en las que incurren las ciudades sedes, lo cual a su vez se convierte en un caldo de cultivo para la corrupción y la degradación del medio ambiente, hace que el proyecto de organizar unos juegos olímpicos sea cada vez más impopular para los Estados con regímenes democráticos. Lo anterior viene acompañado de crecientes llamados al boicot de los juegos olímpicos organizados en Estados con records lamentables en materia de derechos humanos. Por ejemplo, recientemente, los parlamentos de la Unión Europea, el Reino Unido y Canadá han tomado acciones concretas tendientes a boicotear los juegos de Beijing 2022 debido a la situación de derechos humanos en China. El parlamento canadiense incluso catalogó la situación en Xinjiang como un genocidio. En tal sentido, la mayoría de los Estados se cuidan mucho en que su participación en unos juegos olímpicos no sea entendida como una aceptación tácita de un determinado modelo de gobernanza. Acciones de esta naturaleza pueden ser consideradas por algunos como contrarias al espíritu de la carta olímpica o como un intento por politizar los eventos deportivos. Sin embargo, tal y como lo demuestran los sucesos de Tokio 2020, los tiempos cambian, y cada vez es más difícil balancear la neutralidad política de los juegos olímpicos con la realidad fáctica en materia de derechos humanos a nivel mundial.
El autor es abogado y profesor de derecho internacional
