Cada vez que un funcionario comete un error, toma una decisión desacertada o mete la pata, como decimos en lenguaje coloquial, es común escuchar o leer la pregunta lógica: ¿quién lo asesora en las relaciones públicas? Empero esa lógica no se aplica en los gobiernos panameños, especialmente en los cargos de elección popular, que van desde el presidente de la República, diputados, alcaldes y representantes, sin dejar de lado a los ministros que conforman el poder Ejecutivo.
Y, ¿por qué sucede? Muy sencillo. Los candidatos, cuando están en campaña por un cargo público, contratan o reciben el apoyo de empresas publicitarias o de mercadeo político para que les elabore los contenidos y la propaganda que utilizan en los medios, redes sociales y concentraciones públicas. Cuando llegan a los cargos, estas empresas de sus amigos, socios o allegados, ven en el presupuesto del Estado una fuente inagotable de dinero para facturar durante los 5 años que dure el periodo de gobierno. Suele pasar que el funcionario coincide en esa visión, por lo que les dan jugosos contratos directos de asesorías o consultorías en comunicación, publicidad y marketing. También es muy probable que el funcionario termine beneficiándose de este festín presupuestario, habida cuenta de recibir discretamente un alto porcentaje del dinero producto de la contratación, todo ello a costa de los dineros públicos.
Los directores de comunicación del Estado y los relacionistas públicos, que en su mayoría no forman parte del círculo cero del funcionario con mando y jurisdicción, son relegados a un segundo plano y se convierten en simples ejecutores de las muchas veces mediocres estrategias de comunicación que reciben por parte de las agencias o de los asesores y amiguetes que le hablan al oído al mandatario. Sin embargo, a la hora de buscar responsables por el fracaso de una publicación, una pésima entrevista o declaración, los malos resultados en las encuestas, percepción de imagen negativa del funcionario o la institución, el dedo acusador de personajes con cargos de asesores que revolotean alrededor de quien manda, apuntará hacia el responsable de la comunicación y las relaciones públicas, que termina siendo el chivo expiatorio que le toca pagar la factura por una mala y deficiente gestión en la que no ha tenido ni voz ni voto.
Otra práctica común es la contratación indiscriminada y con salarios inflados de los denominados influencers, que en muchos casos son personas con un bajo nivel educativo y mala redacción. Los denominados influencers han sido sobrevalorados y es poco probable que sus jugosos salarios puedan significar para el gobierno y las instituciones una inversión que le genere dividendos positivos a la hora de medir su rendimiento o que les ayude a mejorar su imagen.
Una buena gestión de comunicación pasa por un manejo transparente y sin ambages, y por la comunicación directa del funcionario con su director de comunicación sin la injerencia de terceros. Un gobernante inteligente sabe que lo más importante para proyectar exitosamente su gestión es asesorarse correctamente, y no permite que familiares, amigos y socios se inmiscuyan y decidan en un tema en el que no son especialistas o no son los responsables a cargo.
Responder con prepotencia a los cuestionamientos de la prensa se está haciendo habitual en plena era de la tecnología y la información, lo que obliga a ser muy cuidadoso con lo que se comunica y cómo se comunica. Pareciera que gran parte de la clase política panameña ha perdido la capacidad de responder preguntas con elegancia, con habilidad o cierta picardía, otrora parte de sus peculiares atributos. Comunicar es gobernar y gobernar es comunicar, pero a juzgar por lo que vemos a diario en Panamá, desde el presidente de la República para abajo no están haciendo ni lo uno ni lo otro. Quizá estén a tiempo para rectificar.
El autor es periodista
