El proceso penal abierto por el Tribunal Supremo de España contra el juez Baltasar Garzón, basado en una demanda de organizaciones ultraderechistas, está enrareciendo el clima político del país. De un lado están los que denuncian que el magistrado está siendo víctima de una cacería alentada por la derecha. Y del otro, los que sostienen que la izquierda, con la connivencia del gobierno socialista, orquesta una campaña de coacción contra los jueces del Supremo por querer sentar a Garzón en el banquillo.
Sea como fuere, la posible suspensión de Garzón está propiciando una de las mayores polémicas político-judiciales de los últimos años. Y ésta ha ido subiendo de tono conforme aumentan las movilizaciones de apoyo al juez, imputado por prevaricación en relación con sus investigaciones de los crímenes franquistas durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura (1939-1975), abortadas en 2008.
En un multitudinario acto de apoyo a Garzón en la Universidad Complutense, los oradores se mostraron perplejos por el hecho de que la Falange Española de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, heredera del partido único en el que se asentó la dictadura del general Franco, haya logrado con su querella llevar al magistrado al banquillo.
El ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, nacido un año antes del comienzo de la Guerra Civil, acusó a los jueces del Supremo de haberse convertido en “un instrumento de expresión del fascismo español” y de haber formado parte del Tribunal de Orden Público del régimen. Esto llevó al Consejo General del Poder Judicial, el máximo órgano de los jueces, a salir en defensa del alto tribunal y denunciar que “el descrédito hacia el propio estado de derecho” que producen manifestaciones como esa “no resulta tolerable”. Por su parte, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, señaló que las palabras de Jiménez Villarejo exceden “notoriamente lo razonable”.
Una parte del mundo de la cultura se ha movilizado en favor de Garzón, con el cineasta Pedro Almodóvar a la cabeza, quien dice sentir “perplejidad y miedo” porque en 2010 “se tenga que seguir luchando contra Franco”. Desde el gobierno socialista, fue el ministro de Fomento, José Blanco, quien más contundente se mostró: “Me cuesta y me duele mucho entender que los falangistas puedan sentar a un juez en el banquillo por querer recuperar la memoria de las víctimas de la dictadura”.
Del otro lado, el líder del opositor Partido Popular, Mariano Rajoy, manifestó que acusar a los jueces del Supremo de actuar por motivaciones políticas en “un acto claramente antidemocrático”, al tiempo que pidió la dimisión del secretario de Estado de Política Territorial, Gaspar Zarrías, por haber participado en el acto a favor de Garzón.
Y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, una de las dirigentes más influyentes del PP, acusó a Garzón de dinamitar la Ley de Amnistía de 1977, “el acuerdo de reconciliación entre todos los españoles que precedió la transición” democrática. Para el responsable de Comunicación del PP, Esteban González Pons, el gobierno socialista está exhibiendo su complicidad con una “izquierda militante” y provocando por ello que todos los que no sigan su línea aparezcan como “corruptos, delincuentes y franquistas” que “no merecen pertenecer a España”.