Legislación

Proteger la fuente para proteger el empleo

Desde antes que se manifestara la pandemia, algunos habíamos advertido la necesidad de adoptar flexibles medidas laborales, para proteger la continuidad de las fuentes de trabajo y con ello preservar los empleos.

Desafortunadamente, la mesa tripartita laboral después de interminables diatribas populistas, termina sus sesiones con acuerdos vagos que acaban imponiendo al empleador cargas laborales y económicas que ponen en riesgo su continuidad, además de los riesgos inherentes a la pandemia.

Ahora un proyecto de ley, que ignora los pocos acuerdos de la mesa, reduce libertad y aumenta costos a los ya intervenidos acuerdos. El texto de la ley ha desencadenado ya, lo temido por muchos: despidos inmediatos.

No yerro si afirmo que las innumerables sesiones de la mesa laboral fueron un ejercicio agotador, frustrante y de escaso beneficio. Sentarse en una mesa de trabajo partiendo de dos premisas cuestionables auguraba poca efectividad. La primera premisa es que el sector sindical es representativo de los trabajadores del país y la segunda que el empleado es la parte más débil de la relación.

Respecto a la primera premisa, el sector sindical difícilmente representa el 15% del total de la fuerza laboral del país. Sin embargo, el Ejecutivo lo sienta en la mesa como si representara a todos. Ya sabemos que sus posiciones radicales no tienen nada que ver con el bienestar del trabajador, sino con hundir la economía de libre mercado. A pesar de dos contundentes derrotas electorales sucesivas, que más que demuestra su poco arraigo popular, el gobierno sigue secuestrado por sus arengas e intimidaciones. Esta abdicación del Poder Ejecutivo ante los “bullies”, imposibilitó consensos productivos e impide articular políticas de productividad de cara al futuro.

De la segunda premisa, podemos decir que, bajo condiciones normales y como lo expresa el código, las normas deben favorecer al trabajador. Pero en circunstancias de pandemia y ruina económica, la fuente de empleo está tan o más debilitada que el empleo que se pretende preservar. Es más, el empleo es una consecuencia de la fuente de empleo. No hay panaderos sin panadería, ni meseros sin restaurantes ni pilotos sin aerolíneas. ¿Por qué querría abusar un empleador de empleados que necesita para llevar adelante su emprendimiento? Por lo tanto, hay que tener un buen sentido de los incentivos económicos y saber cómo se corre un negocio, particularmente en tiempos de incertidumbre, para balancear las medidas.

Y es allí donde primero falla el proyecto de ley. Tratar de establecer cercos legales o económicos para forzar al empleador a una decisión de blanco o negro. Estas barreras, como la obligatoriedad de comparecer al ministerio para validar los mutuos acuerdos, es una velada forma de retrasar lo inevitable o una trampa para no cumplir lo que dice el código.

Ahora será que las maltrechas empresas tendrán que gastar en abogados que redacten con precisión de neurocirujano los términos de un mutuo acuerdo y a ver si le gusta al ministerio.

Si este proyecto de ley pasó por el gabinete, el presidente y los ministros nos esconden un gran secreto: que el próximo primero de enero la economía estará al 100%. ¡Qué tal! Esta premisa absurda da pie a que el proyecto de ley, a partir de esa fecha, mande el reintegro de empleados al 100% con 100% de sus sueldos. La suma de este improbable horizonte, con la obligación de llevar los mutuos al consentimiento formal del ministerio, es lo que ya motiva despidos que se hubieran podido evitar o dilatar.

Pero lo más incomprensible es la reiteración de que las cosas son binarias; todo o nada. Como dice un amigo, “mejor hago la fiesta de Navidad ahora porque entre reintegrar a todos y pelear con mis otras obligaciones mejor cierro” Y posiblemente “así será”, sin empresa no hay empleos, no hay repago a los bancos, no impuestos, no hay inversión y así.

Las medidas planteadas nos acercan a “lo que se ve y lo que no se ve” cuando se toman decisiones, formuladas por el economista francés Bastiat. Lo que se ve es un gobierno preocupado por mantener empleos a punta de leyes y decretos. Lo que no se ve es que el efecto generado será empresas cerrando/quebrando y muchísimos más empleados en la calle y sin empresas en las que emplearse.

Estamos a tiempo para retirar la ley, derogar los decretos que ponen porcentajes y condiciones sacadas del sombrero. Por una vez, presumamos la buena de fe de las partes y antes que imponer, facilitemos los acuerdos entre talleres y mecánicos, entre operarios y fábricas, carnicerías y carniceros, y todas las partes en forma bilateral.

Ah, y antes que me olvide: ¡sin fuentes de empleos tampoco hay sindicatos!

El autor es director de la Fundación Libertad

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