El discurso repetido incansablemente por los líderes del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares de Panamá, con motivo de la reciente intervención policial, y diseminado generosamente por las estaciones de radio y televisión, incluye algunos reclamos que ameritan análisis y reflexión por parte de la ciudadanía. Específicamente me refiero a los que señalan que “el Gobierno quiere medir fuerzas”, “no estábamos trancando calles”, “estábamos solamente repartiendo volantes”, “respondimos a una provocación de la policía” y “no respetan nuestros derechos constitucionales”.
Desde el año de 1994, el Presidente Constitucional de la República de Panamá ha sido elegido mediante comicios llevados a cabo con pulcritud y transparencia ejemplares. Los elegidos recibieron, para sus respectivos períodos, la representación y la fuerza del pueblo panameño en todo lo concerniente a las funciones que la Constitución le confiere al cargo. Por otra parte, los líderes sindicales, solamente representan a pequeñas fracciones del pueblo panameño, para asuntos peculiares a sus respectivos gremios. Dejo a criterio del lector la ubicación de ese deseo de “medir fuerzas”.
Cuando miembros de estos sindicatos, y sus respectivos líderes entorpecen la libre circulación en las vías públicas, rebasan sus derechos ciudadanos y los derechos de sus gremios. Cuando desestiman los reclamos de personas para circular por las vías obstruidas, despliegan una fuerza que no está respaldada por ninguna ley de la República ni por ningún principio de los derechos humanos.
Cuando desoyen las advertencias emitidas por los oficiales de policía para que despejen las vías públicas, invitan al uso de la fuerza para defender los derechos de quienes no pertenecemos a los gremios. Y cuando infligen destrucción sin sentido, a todo lo que queda a su alcance, a título de responder supuestas “provocaciones de la fuerza pública” nos dicen alto y claro que ellos se estiman y legalmente superiores al resto de los ciudadanos.
Para agregar sal a la herida, estos líderes reclaman, para los detenidos al final de la trifulca, derechos que les confiere una Constitución y unas leyes que ellos pisotean en cada una de sus campañas de reivindicación gremial; parecen pensar que el resto de los ciudadanos somos, en adición a inferiores, ¡estúpidos!
Yo invito a la ciudadanía y a los partidos políticos de oposición a apoyar al ciudadano Ricardo Martinelli en el descargo de su responsabilidad, como Presidente Constitucional de la República de Panamá, de usar la Policía Nacional, en el grado de fuerza necesario para mantener la libre circulación en las vías públicas y para garantizar la integridad y bienes de los ciudadanos que por ellas deseemos transitar.