“¿Libertad económica en Panamá? Eso lo veo duro, si a cada rato sale el gobierno a proponer leyes y regulaciones locas sobre tasas de interés bancarias, los contratos de seguros privados, aumentos al salario mínimo, expropiaciones…en fin, eso aquí no lleva chance”. Pensó Pedro, quien en 2020 no solo se había quedado sin trabajo por la ley de regulación de tasas de interés, que forzó a su antiguo empleador a cerrar varias sucursales, sino que su antigua aseguradora de salud se fue de Panamá y quedó sin seguro médico privado. Pedro fue víctima de un gobierno que, poco a poco, legisló hacia la miseria, llevando a la “Cubanización de Panamá”.
Afortunadamente, esta realidad no se ha concretado en Panamá – al menos no del todo. Esto, entonces, nos pudiese llevar a preguntarnos, ¿cómo realmente estamos en cuanto a libertad económica?
Hace 10 años, en su edición del 13 de enero del 2012, La Prensa publicó el artículo de opinión “Un espectro recorre Panamá, el espectro del libertarianismo”, de mi autoría. Para ver cuales han sido los avances y retrocesos de nuestro país en términos de libertad económica, remitámonos a uno de los reportes más importantes sobre esto, el reporte anual “Economic Freedom of the World” del Fraser Institute. Dicho reporte se emite desde 1996 y, en su última edición (2021), incluye 165 jurisdicciones, con data hasta el 2019. Basándonos en esto, comparemos brevemente los resultados del 2010 versus los del 2019, para conocer qué ha ocurrido en los últimos 10 años para los cuales se cuenta con data.
Para nuestra dicha, hemos mejorado nuestra calificación en los 10 años que revisamos. Pasamos de tener un rating sobre 10 de 7.51 (2010) a 7.79 (2019), y una posición en el ranking de 40 a 33. En las 5 áreas que conforman la calificación total (i.e. tamaño del gobierno, sistema legal y derechos de propiedad, dinero sano, libertad de comercio internacional y regulaciones) solo en una tuvimos retroceso, regulaciones, donde pasamos de 7.06 a 6.96; sin embargo, no todas son buenas noticias. En lo que respecta al sistema legal y derechos de propiedad, tenemos una calificación de 5.53, siendo esta nuestra puntuación más baja; como referencia, Costa Rica obtiene una calificación de 6.40, Chile de 6.62, y Canadá de 8.04, siendo este último el país que mejor puntúa en América. Nueva Zelanda y Suiza comparten el primer lugar a nivel mundial con una calificación de 8.68 en esta área.
El énfasis en el sistema legal y derechos de propiedad no es para menos. Aquí se mide la independencia del órgano judicial, la imparcialidad de las cortes, la protección de derechos de propiedad, la aplicación legal de los contratos, la integridad del sistema legal, y otros factores que, a todas luces, se reconocen tanto a nivel local como internacional, como grandes falencias que tiene nuestro país. Incluso, en el reporte, se estudia la relación entre el sistema legal y derechos de propiedad con la movilidad social. El resultado que arroja el estudio es que, mientras más robusto sea el sistema legal y la defensa de los derechos de propiedad, el cuidado de la salud, el acceso a educación de calidad, las condiciones de trabajo, las protecciones sociales, las instituciones inclusivas, entre otros factores que se miden para la movilidad social, tienden a ser mejores. Esto apunta a que, si queremos mejorar la calidad de vida en nuestro país, debemos enfocarnos en reforzar nuestro sistema legal y los derechos de propiedad, que a su vez mejoraría nuestra libertad económica.
Confío en que, cuando hagamos esta misma revisión en 10 años, la situación en nuestro país haya mejorado; tenemos las herramientas para hacerlo, solo se necesita la voluntad. Termino no sin antes agradecerle a la Fundación Libertad y a La Prensa por haberme brindado un espacio durante cada uno de los últimos 10 años, donde he buscado profundizar los avances de la libertad, tanto económica como social, y así lograr una sociedad realmente justa, de personas responsables, y en la que se procure la prosperidad de cada uno de nosotros.
El autor es miembro de la Fundación Libertad
