Las vacunas contra la Covid-19 llegaron, y con ellas, las denuncias de algunos médicos por las supuestas irregularidades en el proceso de vacunación. Esta situación provocó un clamor popular que insistió que se publicaran los nombres del personal vacunado contra el Covid-19.
Más allá de la indiscutible ilegalidad (ver Ley 68 de noviembre de 2003) que la publicación de este listado supondría, lo preocupante es la pasividad con la que la ciudadanía ha aceptado esta propuesta, justificándola y en ocasiones exigiéndola.
Lo anterior, deja en evidencia la falta de interés y/o entendimiento de la ciudadanía sobre la importancia de proteger los datos personales y brinda la oportunidad para desarrollar el contenido de la Ley 81 de 26 de marzo de 2019 misma que, a partir del próximo 29 de marzo, establecerá los principios, derechos, obligaciones y procedimientos que regulan la protección de datos personales en Panamá.
Esta ley es fundamental, ahora más que nunca, puesto que con el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), a los seres humanos se nos está demandando más y más información, de forma tal que nuestros intereses, entorno, creencias religiosas, inclinación política, orientación sexual, entre otros, están siendo recolectados, procesados y analizados por computadoras.
Las TIC y, en general, la digitalización de las cosas nos brinda múltiples beneficios y nos hace la vida más fácil, sin embargo, también les hace la vida más fácil a las compañías que quieren nuestros datos para lucrar de ellos, a los gobiernos que quieren vigilarnos y los criminales que quieren extorsionarnos.
Así, y conforme lo define la ley, un “dato personal” es cualquier información concerniente a personas naturales, que las identifica o las hace identificables. Es decir, todos aquellos datos sobre la identidad, ubicación, datos socioeconómicos que usualmente provienen de múltiples bases de datos, ya sea del gobierno, bancos, empresas o corporaciones dentro o fuera del territorio donde se ubica la persona. Por ejemplo, toda la información que tiene Google, sobre tus intereses, transacciones, lugares que has visitado, así como la información que tienen los bancos sobre tu historial crediticio o, la que tienen los médicos sobre las enfermedades que padeces, son datos personales.
Ahora bien, muchas personas tienen la creencia errada que la protección de datos debe interesarles únicamente a las personas que cometen actos ilegales. Sin embargo, eso no puede estar más alejado de la realidad. La protección de datos brinda el marco jurídico necesario para que se puedan ejercer otros derechos humanos, por ejemplo: el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de asociación y, en general, el derecho a tener privacidad y una vida digna libre de vigilancia, amenazas y control fraudulento por parte de terceros. Por ejemplo, un ciudadano que sienta que sus datos pueden ser objeto de intervención o que sienta que “lo están escuchando o vigilando” seguramente se autocensurará.
Alguno de los puntos más importante de esta ley, que debemos conocer para poder fiscalizar su cumplimiento, es la obligación de toda persona que esté involucrada en el tratamiento de dato, tanto público como privado, de guardar la confidencialidad sobre los mismos. Los datos recolectados solo pueden ser utilizados para los fines determinados, explícitos y lícitos, para los cuales fueron autorizados por su titular.
De igual forma, esta ley reconoce como “irrenunciables” los derechos de toda persona de acceder a sus datos personales en cualquier base de datos, así como a pedir, de forma gratuita, la rectificación y cancelación de datos que sean incorrectos, irrelevantes, impertinentes y falsos, o que estén incompletos, desfasados o inexactos. Incluso, se legisla sobre la obligación de las entidades públicas de no comunicar los datos relativos a condenas por delitos, infracciones administrativas o faltas disciplinarias una vez haya prescrito la acción o la sanción, o se haya cumplido con la pena.
Esto no se trata de “no tener nada que ocultar” sino de que tenemos mucho que proteger.
La autora es miembro de la Fundación Libertad