El modelo de sociedad estaba trazado desde 1946 cuando liberales renovadores y socialistas democráticos, empoderados de la mayor legitimidad social y política nunca alcanzada, cincelaron en la Constitución la fusión virtuosa entre el principio liberal –la igualdad jurídica formal de los ciudadanos-- y el principio democrático –la igualdad económica sustancial de los ciudadanos-- de cuño socialista.
Pero ese modelo, se nos deshizo entre los dedos porque no supimos identificar ni resolver el reto esencial que emerge amenazador en la vida democrática cada vez que el poder económico aplasta y degrada el poder político y desencadena con ello procesos crecientemente violentos de ruptura epistemológica entre esos principios que deconstruye inexorablemente la síntesis virtuosa entre voto y bienestar, entre igualdad ante la ley e igualdad sustancial de los ciudadanos.
Y no supimos –y seguimos no sabiendo—cómo identificar ni resolver ese reto porque con nuestro silencio, con nuestra renuncia a combatir la corrupción y la impunidad, con nuestra tolerancia del clientelismo y del descomprometimiento social, permitimos que la política se mercantilizara, se degradara, entrara en crisis, perdiera confianza y credibilidad y terminara no representando que intereses bastardos, que cual basura irreciclable, emponzoña la credibilidad de partidos e instituciones políticas, alienta la polarización social y agudiza la destrucción del principio de autoridad en un espacio público dominado por el caos y la violencia colonizadora del crimen organizado.
Ergo, no tenemos un proyecto social común.
El modelo de economía de mercado, liberal y progresista, también sancionado en la Constitución vigente desde 1946, fue en años recientes abandonado y demolido a mazazos mediante leyes ordinarias que legalizaron privilegios y decretos ejecutivos de orientación neoliberal que desmantelaron el Estado de Bienestar y borraron del mapa el Ministerio de Planificación y Política Económica.
Renunciamos así al poder tutelar, interventor y corrector del Estado para corregir aquellas desviaciones de la economía de mercado que privilegian los monopolios y oligopolios de importadores y distribuidores de alimentos y medicamentos, de proveedores de internet y telefonía, de combustibles y electricidad.
Torcimos el modelo keynesiano de economía de mercado previsto en la Constitución hasta el punto de aceptar como natural la pérdida de sindicatos democráticos fuertes y de negociar contratos colectivos porque cambalachamos el derecho al trabajo, al empleo digno y bien remunerado por la opción personal --dominada por la asimetría-- de ser ‘colaboradores’, ‘autónomo uberianos’, ‘emprendedores de la informalidad’, sin seguridad social ni jubilación.
Y nos colonizaron tanto que, en semejante modelo de economía de mercado -- concentrador de riqueza y poder-- seguimos peleando afanosamente por más salario cuando el arcano máximo de la explotación y la inequidad está en el descontrol del costo de vida en mano de monopolios y oligopolios cuyos precios abusivos están tres/cuatro veces por encima del precio del mismo medicamento en Colombia –para no hablar de México-- o del precio de un kilo de queso en Europa, incluyendo el mercado de París --para no hablar de Madrid-- o del valor de una casa o un boleto de avión.
Desfiguramos el modelo de economía de mercado keynesiano hasta convertirlo en un monstruo tóxico de privilegios mal habidos e inequidades inmorales, incapaz de darle sustento al modelo más elemental de sociedad inclusiva y generadora de oportunidades.
Ergo… ¡No tenemos un modelo de economía de mercado que viabilice la democracia más elemental, como lo demuestran las estadísticas que nos ranquean entre los países con mayor crecimiento económico al mismo tiempo que entre los seis más desiguales del mundo!
Tuvimos, en bandeja de plata, el 31 de diciembre de 1999, la oportunidad de dar un golpe de timón para detener la deriva peligrosa que nos ha traído hasta aquí.
Pero tampoco entonces, lejos ya de la dictadura, de la invasión, de los traumas con los cuales pretendemos justificar la moral de esclavos que nos inculcaron propios y extraños, tampoco ahora, hemos sabido transitar del ciclo nacional de la lucha para rescatar el recurso geopolítico interoceánico al ciclo social para hacer el mejor uso social posible de ese enorme patrimonio reconquistado.
Y tampoco nos atrevemos, esclavos en fin, a discutir críticamente la aberración venenosa con que la que la oligarquía --la que votó contra los Tratados y contra el Tercer Juego de Esclusas-- ahora dueña y señora incontrastada de la Junta Directiva, ha rediseñado y reorientado el funcionamiento de la burbuja constitucional bajo la cual, ilusos, pretendíamos ‘proteger’ del poder del Estado, del poder de todos, la empresa canalera y la región interoceánica para dejarla en mano de algunos directores cuestionados que controlan contratos, participan de ellos, cobran coimas y se apropian de parcelas e instalaciones en abierta y cínica violación de la ley.
Preguntémonos primero qué sociedad queremos… qué economía para viabilizarla… y luego… qué orden jurídico necesitamos para construirlas entre ciudadanos libres e iguales. Pongamos los bueyes delante.
El autor es politólogo