La Ley de Amnistía, promulgada en España en la transición que nos encaminó a la democracia, dejaba las manos atadas a la justicia para juzgar los crímenes cometidos durante la época comprendida entre la guerra civil y la muerte del general Franco en 1975.
Como ha ocurrido en otros muchos países, la amnistía era necesaria en esos momentos para construir un futuro, pero no fue precisamente justa. Dejaba en el limbo delitos políticos contra los adversarios del Movimiento Nacional franquista, cuya culpa no era otra que disentir.
Negar que hubo barbaridades e injusticias de parte y parte antes y durante la contienda sería pretender ocultar el sol con la mano, y cada quien cuenta la historia de acuerdo con sus ideas, pero lo cierto es que el régimen se encargó, en sus 40 años de existencia, de vengar cruelmente y ensalzar tenazmente a sus muertos con toda la artillería de la represión y la propaganda desplegada. Sin embargo, aún hay unos 114 mil desaparecidos de las filas disidentes, cuyas familias no saben dónde fueron enterrados.
En el año 2007 fue aprobada por el Parlamento la Ley para la Memoria Histórica, que no derogaba la de Amnistía, pero que entre otras disposiciones condena como ilegales los juicios sumarios del franquismo, sin que por ello se pretenda retomarlos; concede ayudas económicas a las familias de los represaliados; apoyo estatal para la búsqueda de los desaparecidos, a menudo enterrados en fosas comunes, y la retirada de los símbolos franquistas de los edificios y espacios públicos.
Treinta y cinco años después de la muerte del dictador, quedan aún bastantes de estos vestigios, algunos de ellos imposibles de quitar, pues están esculpidos en monumentos de valor artístico. En el famoso Valle de los Caídos, cuyo monasterio fue construido a pico y pala por presos políticos y punto de encuentro hasta hace un par de años de nostálgicos falangistas y otros grupos afines, para conmemorar cada 20 de noviembre el aniversario de la muerte del dictador, se han prohibido los actos que exaltaban las gestas patrióticas de Franco.
Uno de estos grupos de ultraderecha, el sindicato Manos Limpias, interpuso el año pasado una demanda por prevaricación contra el juez Baltazar Garzón, que pretendía investigar los crímenes del franquismo y encabezar la búsqueda de las fosas donde se supone reposan los cuerpos de los desaparecidos. El juez tomó empuje con la Ley para la Memoria Histórica –que por cierto circunscribe esa búsqueda a instancias locales y Garzón es juez de la Audiencia Nacional– y por supuesto, con base en el derecho público internacional, que ya lo había llevado a imputar en su día a Augusto Pinochet. Manos Limpias fundamenta su demanda en la Ley de Amnistía de la transición.
Incluidos los tecnicismos jurídicos y los recursos debidos, el caso es que ahora mismo Garzón se aboca a ser enjuiciado por extralimitación de funciones, lo que le costaría su carrera judicial: se le inhabilitaría por 20 años en el ejercicio de sus funciones.
Aparte de la indignación que supone que los represores hundan a Garzón, en este entramado hay más. Muchos sectores de la clase política y de la judicial le tienen ganas al juez estrella, y van a por él. Los motivos son muchos. En primer lugar, el hombre es brillante y eso escuece. Escuece mucho. Por añadidura, donde pone el ojo pone la bala y, en muchos de los casos investigados, han quedado en entredicho tanto los partidos de la izquierda (caso Gal, considerado como terrorismo de Estado contra ETA en los tiempos del socialista Felipe González, que le costó las elecciones) como de la derecha (el reciente caso Gurtel que implica a prominentes políticos del Partido Popular y que está aún en proceso).
Es evidente que el juez molesta, echa sal en las heridas y hurga en la llaga. Liquidarlo, eso sí, con la ley en la mano, faltaría más, daría tranquilidad a muchos. Tal vez la venda que lleva la Justicia le queda floja y con el rabillo del ojo percibe u obedece algunos intereses.