Conozco la máquina desde que pasó de su época más oscura a la más iluminada, pero no ha vuelto a brillar como puede y debe hacerlo, y duele. Nos está fallando gravemente, ignorando el mandato constitucional que le ordena ser garante de la libertad, honradez y eficacia del sufragio popular, que depende de distintas etapas de los procesos electorales que finalmente desembocan en las elecciones el día de su celebración.
Ya sabemos, y hasta la comunidad internacional lo sabe por medio de los observadores que atendieron la invitación para ver nuestra última elección, que hay significativas ventajas para unos partidos frente a otros. Concretamente, para los partidos que más veces y tiempo han participado de la administración pública, ya como principales, ya como aliados, y que reciben mucho dinero que les da el Tribunal Electoral.
Y es que el organismo electoral, a pesar de las vigorosas expresiones del pueblo panameño de querer cambios en la cosa pública, por sus actos está visto que lo que quiere es que todo siga igual o peor.
Así, dificulta la constitución de nuevos partidos políticos, pues verifica las firmas cuando el partido calcula, a ojo de buen cubero, que cumple con el número requerido para poder ser partido y entonces cierra los libros y si, por la depuración, no llegan a ser suficientes -al exclusivo criterio empírico del Tribunal Electoral, dicho sea de paso-, el partido tiene que esperar un considerable tiempo para reanudar la tarea y convocar a la convención constitutiva, mecanismo que ya ha funcionado por lo menos para demorar la existencia de nuevos partidos. Pero, por otra parte, tratándose de candidaturas independientes, mientras se van obteniendo las firmas, el Tribunal Electoral va depurando paralelamente con reglas más o menos estrictas o laxas para unos y otros, con criterios poco transparentes y, finalmente, tratándose de la recolección de firmas para la constituyente, ha dispuesto un tercer mecanismo que lo pone en capacidad de desalentar que se obtengan las firmas ciudadanas, cuando con otros métodos podría constatarse su legitimidad, con mayor eficacia y más ágilmente.
Es decir, recurre a tres formas distintas que, poniéndolo como comparación, le permite ser juez de línea de un partido de fútbol, que también pinta la línea, según la quiera más allá o más acá, dependiendo de si a su equipo le conviene acá o allá, haciendo que quede en manos del organismo electoral determinar lo que más convenga al criterio que prevalezca entre sus magistrados.
En cambio, a nivel de las otras dos grandes subdivisiones del Tribunal Electoral, que son el Registro Civil y la Cedulación, las prácticas y procedimientos se desenvuelven con profesionalismo y armonía, de donde colijo que no es un tema de capacidad de los magistrados, sino de voluntad y transparencia.
Tampoco se hace democracia con las desigualdades abismales en la distribución del subsidio electoral entre unos partidos políticos vacíos de respaldo popular y, en cambio, llenos de oportunismo clientelista, cuyos diputados van en camino de acentuar las diferencias, gracias a las reformas electorales presentadas ante la Asamblea Nacional, buena parte de cuyos miembros proviene precisamente de ese clientelismo, en favor de candidatos sin vocación de servicio y publicitarias codiciosas a las que poco interesa el fortalecimiento de valores en la sociedad, aunque los nietos de sus directivos vayan a tener en el futuro una sociedad misérrima en fortaleza institucional.
Si hiciéramos torneos electorales sin inversión alguna de dinero en la política y con períodos muy breves de campaña, bien distinta sería la conformación de los órganos del Estado y todos tendrían mayores virtudes y capacidades.
Ahora, además, con las reformas propuestas, pretenden que se amplíe el proceso electoral que, entre sumas y restas, arrancaría un año antes para que se comiencen a recoger firmas, se celebren primarias, se formalicen postulaciones, se agoten los procesos de impugnación y, en suma, se gaste más dinero por quienes más tienen, y todo para tener una peor calidad de funcionarios en cargos públicos de elección, cuyos méritos ya distan mucho de lo deseable y que en otros tiempos, de menos abundancia, sí tuvimos.
No parecen comprender nada de la importancia de los procesos electorales en una democracia en la que cada vez más se ha ido convirtiendo el voto ciudadano en bien de subasta, cuyo precio depende de que a mayor pobreza, sea más barato; de donde para el que compra, que paga para llegar, le convenga que la pobreza sea para los más y para siempre, y así poder llegar y robar y, por esa vía, la misma delincuencia organizada, amiga del dinero fácil, se ha ido adentrando en la política doméstica en que encuentra protección para sus fechorías, información y poder para su planeamiento y encubrimiento, y hasta recursos para sufragar sus campañas.
El autor es exmagistrado del Tribunal Electoral y excandidato a vicepresidente de la República
