Si bien velar por la salud de la población es una de las funciones estatales establecidas en la Constitución, las medidas emitidas en medio de la actual crisis sanitaria por la covid-19 bajo el pretexto de buscar cumplir con esta función, realmente no han logrado más que restringir los derechos y libertades de la ciudadanía, sin surtir ningún efecto contundente en el control de la pandemia.
Las acciones llevadas a cabo por el gobierno nacional, como las que establecen toques de queda y cierre temporal de todos los negocios no esenciales, no solo han sido ilegales, sino que han sido decisivas para que nuestro país se encuentre en una recesión económica. Se ha prohibido a los negocios que no fuesen “de primera necesidad” ejercer sus actividades, sin tomar en cuenta que todos los negocios son de primera necesidad para la economía.
Al prohibir el negocio y operaciones de ciertos establecimientos comerciales, la actividad económica se reduce. Al reducir las actividades económicas, ocurre una disminución en la producción de bienes y servicios. Los negocios, al no poder brindar sus servicios, despiden a sus trabajadores y aumenta la tasa de desempleo, la cual, según el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, se espera que para finales de este año, aumente 20% más en comparación a otros años, a causa de esta recesión.
Si bien el gobierno ha presentado un plan de reactivación gradual, este no es consecuente. El mismo se encuentra divido en bloques y no cuenta con fecha concreta de apertura para cada uno de ellos. Es decir, la restricción de operaciones para ciertos sectores se mantendría vigente por un tiempo indefinido, afectando en mayor medida a los sectores que se encuentran en los bloques más alejados de su posible apertura.
Por otro lado, las limitaciones existentes hacia los particulares para ejercer sus actividades económicas, representan una intervención directa del Gobierno Nacional dentro del mercado, desvirtuando su principal función como supervisor. Esto a largo plazo puede tener a nivel económico, consecuencias tan devastadoras como la misma pandemia. Un ejemplo de estas, es el aumento de la deuda externa, la cual ha aumentado aproximadamente $5,185 millones entre préstamos y emisiones de bonos para hacerle frente a la pandemia y, supuestamente compensar con un triste paliativo los ingresos perdidos de los trabajadores, con contratos suspendidos a causa del alto en la actividad económica.
Considerando todas las ramificaciones económicas y sociales que las medidas imponen, surge la importancia de cuestionar no solo la legalidad de las medidas adoptadas, sino también su efectividad para contener el virus y su viabilidad para lograr la recuperación de la economía nacional.
Estas son decisiones difíciles, pero deben tomarse desde el principio de la legalidad, entendiendo que la protección de la salud y la protección de la economía no son ideas opuestas, sino complementarias. Los ciudadanos necesitan trabajar y llevar sustento a sus hogares, debido a la cuarentena y a las restricciones, no es posible. Es por esto que, insistimos en que es crucial agilizar los procesos para permitir la reactivación de las actividades económicas y que se permita el trabajo sin restricciones, dentro de un contexto de respeto al Estado de Derecho y medidas para proteger la salud de todos.
La autora es miembro de la Fundación Libertad