La cuota electoral se introdujo en nuestra legislación hace más de 10 años, sin embargo, dando un breve repaso sobre la intervención en la toma de decisiones en la actividad política y el resultado en los distintos cargos a lo interno de los partidos políticos se puede observar que las mujeres son una minoría. El proceso de participación político-electoral femenina en nuestro país es lento. A pesar de que en materia legislativa se han realizado avances significativos, el acceso y ascenso al poder para las mujeres en igualdad de condiciones está lejos de cumplirse eficazmente en la práctica.
Las razones para no cumplir efectivamente con la disposición electoral son diversas. Desde las imposiciones socioculturales del sistema patriarcal androcéntrico que siguen presentes: las funciones preestablecidas de los géneros, la capacidad reproductora y la responsabilidad doméstica. Igualmente, los partidos políticos no promueven de manera garantizada y efectiva la participación femenina, no se fomenta la solidaridad partidaria, la mayoría de los dirigentes de partidos no se sensibiliza con los temas de género, las propias mujeres de los distintos partidos no exigen el cumplimiento de la norma, no hay a lo interno de los partidos una metodología de género ni una capacitación y formación política como tal y, en mi opinión, no existe un movimiento de mujeres verdaderamente unificado y fortalecido.
Las cuotas han dejado entrever que la discriminación de género en la actividad política no desaparecerá por sí sola y que la igualdad consagrada en las leyes no es suficiente para concretarla en la práctica.
Panamá, como un Estado constitucional de derecho, debe brindarle igualdad de condiciones a todos sus asociados, máxime cuando es signatario de una gran cantidad de documentos supranacionales que buscan erradicar la discriminación que por siglos ha afectado a las mujeres, estableciendo medidas especiales que van orientadas a garantizar la igualdad formal de hombres y mujeres.
Es necesario impulsar una reforma política y electoral profunda. Considero que este es el momento propicio para luchar por la reglamentación de la cuota electoral, estableciendo sanciones ante su incumplimiento, la obligatoriedad de incorporación de las mujeres en los procesos internos de participación de los partidos; el uso efectivo del porcentaje destinado para la capacitación política femenina; la alternancia de participación en las listas electorales; reforzar la labor de las secretarías femeninas como un ente fiscalizador; introducir en los planes de capacitación temas de género dirigidos a los varones y dirigentes de partidos políticos; crear escuelas de formación política y una red de capacitación en género; el seguimiento permanente de la evolución electoral femenina; e incorporar una cuota progresiva para adoptar un sistema de paridad e involucrar al Tribunal Electoral para que forme parte del seguimiento en los procedimientos de fiscalización de la cuota.
Las políticas públicas con equidad de género están presentes en planes, informes, leyes, pero falta ejecutarlos con firmeza, obligatoriedad y acciones de seguimiento; de esta manera se garantiza más espacios de participación política para las mujeres. Muchos son los retos, pero su consecución dependerá de nosotras. Cada una, desde el ámbito en que nos desenvolvamos, debemos ser conscientes de esta realidad, y contribuir a transformarla es impostergable. De esta manera, los principios de igualdad, libertad y solidaridad inherentes a cualquier sistema democrático deben estar presentes y requieren del protagonismo igualitario de hombres y mujeres en el ámbito público y privado.