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Reformas electorales, participación y democracia

Reformas electorales, participación y democracia
Concentración ciudadana en contra de las reformas que pretendían hacerle al código electoral, en la plaza 5 de mayo, frente a la Asamblea Nacional. Corprensa / Pastor Morales

Toda evolución del pensamiento humano, encuentra expresión en la realidad mucho antes de que las leyes sean capaces de reflejarla. La democracia contemporánea transiciona hoy del modelo representativo –los ciudadanos votan cada cierto tiempo para que los elegidos se encarguen— al modelo participativo –los ciudadanos se involucran, a distintos niveles de injerencia, en los criterios y toma de decisiones sobre las políticas públicas que afectan a toda la sociedad. Si algo ha traído la era de la información y el universo digital, es el llano entendimiento de que el modelo representativo es hoy insuficiente para lograr una administración pública que responda eficientemente a las necesidades cambiantes de la sociedad.

Queda claro, además, que hoy no se puede hablar de democracia sin participación abierta de la ciudadanía y garantías fundamentales, y que la participación ciudadana no es tanto un tema de definición, sino un tema de cómo se practica con efectividad. Parece hasta redundante el tema frente a la palabra misma: demos y cracia o “gobierno del pueblo”. (Nota: releer la tira cómica donde la gran Mafalda de Quino, busca la palabra “democracia” en el diccionario y pasa todo el día riéndose.)

Cuando a esta insuficiencia del modelo representativo en la gestión pública, se le suma el golpe a la confianza ciudadana que generan los esquemas de corrupción y las medidas autoritarias que suelen surgir de quienes detentan el poder político y no entienden (o no quieren entender) la necesaria pluralidad de la participación, surgen las descalificaciones basadas en el modelo hegemónico: “quieren co-gobernar”, “quieren usurpar el poder político”. El propio argumento se desacredita a sí mismo: El poder político en las sociedades de la era digital no es estático, ni inmutable, ni unipersonal, ni un cheque en blanco.

La resistencia al modelo participativo se expresa también en la descalificación de todo el sector no gubernamental, especialmente en la definición distorsionada de lo que es “la sociedad civil” para descalificarla. Thomas Carothers, experto estadounidense en temas relacionados con la Democracia y el Estado de Derecho, señala que “la sociedad civil es la suma total de aquellas organizaciones y redes que se ubican fuera del aparato estatal formal. Incluye toda la gama de organizaciones tradicionalmente conocidas como grupos de interés, no sólo ONGs, sino también sindicatos, asociaciones profesionales, cámaras de comercio, religiones, grupos estudiantiles, asociaciones culturales, clubes deportivos y grupos comunitarios informales. Como tal, abarca aquellas organizaciones cuyos objetivos son diametralmente opuestos, como es el caso de los grupos de cazadores y los de defensores de los derechos de los animales”. Advierte que los gobiernos en lugar de ver a la sociedad civil como enemiga, debe poner atención a sus voces. Añado: es precisamente a la sociedad que sirven (o deben servir).

Un buen ejemplo es el Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales y sus cuatro pilares representados: la academia, los trabajadores, el sector privado y el sector de organizaciones no gubernamentales. El Foro es un espacio de consulta permanente e impulsa mejoras a reglas del torneo electoral, haciendo contrapeso con la voz ciudadana, como parte de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), a los partidos políticos, los movimientos políticos y el Tribunal Electoral. El producto consensuado de la Comisión: las reformas electorales presentadas a la Asamblea Nacional es una manifestación práctica del modelo participativo.

Que el modelo representativo que tenemos hoy no le sirve al país en general, no es secreto para nadie. Comenzando por la división en corregimientos y circuitos -contenida en la Constitución- que no ha logrado una representatividad real y efectiva de los ciudadanos por parte de quienes ganan las contiendas electorales. Pero esta semana vivimos en la propia piel la tensión del rechazo al modelo participativo, en la gestión opaca del órgano que debe llevar la representación más fiel de la ciudadanía, la Asamblea Nacional… ¡y que actúa al revés!

Vimos como los diputados de la Asamblea Nacional, en colusión abierta de los partidos PRD, Molirena y CD hacia la opacidad, descuartizaron, desmejoraron y rechazaron las propuestas de reformas electorales producto del espacio participativo que es la CNRE. Vimos cómo el martes la sociedad rechazó esta visión hegemónica del poder, y se movilizó por miles en varios puntos del país, para protestar por este intento de desmejorar las estructuras democráticas desde dentro. Múltiples grupos -tal como la definición arriba dada señala- llamaron a la movilización desde sus esferas de acción. “¿Quién convoca?” el argumento con el que quiso descalificar la participación, se convirtió precisamente en lo que legitimaba la acción de presión: “¿Qué importa?”. Lo que importa es la democracia y que las elecciones sean justas.

Muy lejos ha quedado la idea de que contar los votos correctamente el día de las elecciones es sinónimo de democracia. La pureza del sufragio es parte vital, indudablemente, pero todo lo que sucede antes y después de que el ciudadano ejerza el voto, son los mecanismos que cuentan hoy para garantizar la efectividad del modelo democrático. Hoy las elecciones no se roban cargando físicamente las urnas, se puede robar con un sistema sesgado que otorga ventajas, dinero y privilegios a un solo grupo y se coarta la libertad de expresión de la ciudadanía para denunciarlo.

Ayer, 15 de septiembre, día internacional de la Democracia, apareció en todos los medios que los Diputados aceptaban sentarse con el Tribunal Electoral a “negociar” las reformas electorales. Cualquier negociación que no parta de respetar las reformas consensuadas por CNRE e incluya a todos los grupos que la conforman, traiciona fundamentalmente el modelo de democracia participativa. ¿Lo vamos a permitir?

La autora es abogada y escritora


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