Los estrategas del neoliberalismo, en su afán de recortar los derechos sociales y económicos de los asalariados para maximizar las ganancias, aprendieron que la manera más conveniente de evitarse huelgas y resistencias de sectores laborales específicos, era pactar con ellos para pasarle la factura a las generaciones futuras.
Mediante diálogos trampeados, con dirigencias dispuestas avenderse, se acuerda el recorte de conquistas sociales a futuros profesionales sin capacidad de defenderse porque, o no han nacido, o son muy jóvenes para entender cómo otros han decidido afectar negativamente sus vidas.
Así se hizo con la reforma a la Caja de Seguro Social, Ley 51, en la que se impuso el sistema privatizado de jubilaciones de dos pilares para los jóvenes que aún no habían entrado al mercado laboral. Ley que además tuvo el agravante de mantener congeladas las jubilaciones más bajas, la mayoría de las cuales no alcanzan para pagar la canasta básica, pero que irresponsablemente aumentó el límite máximo de mil 500 dólares a 2 mil 500 dólares. Con lo cual se le calló la boca a muchos profesionales.
Otro tanto sucede con el tema de la certificación y recertificación que, con la excusa de promover profesionales mejor preparados, se busca cerrar el mercado laboral a las nuevas generaciones, o producir profesionales de segunda categoría. Porque los "Sandalios" viejos (abogados o médicos) se consideran más allá del bien y del mal, con el guiño de ojo de las autoridades, pretenden imponer la recertificación periódica para los que ahora entran al mercado de trabajo.
Una perversión peor del sistema de jubilaciones afecta de manera particular a los docentes de la Universidad de Panamá. A principios de la década de 1990, los neoliberales impusieron un tope máximo de las jubilaciones a mil 500 dólares y fueron eliminadas las jubilaciones con el último sueldo, que garantizaba el fondo complementario del 2%. El resultado fue que los docentes de más edad, que habían llegado al escalafón más alto (titulares de cátedra), dejaron de jubilarse para no ver disminuidos sus ingresos.
Esto produjo un tapón que impedía a una nueva generación de docentes ascender en el escalafón. La excusa era que no había partidas, pues nadie se jubilaba y el presupuesto estaba estancado. Resultado, dos terceras partes del cuerpo docente universitario es eventual con más de 15 años de servicio.
Luego vino la Ley Faúndes, fabricada por un presidente que quería deshacerse de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia para nombrar a un amiguito. Por esa vía, sin adoptar una política coherente de relevo generacional, se impuso la obligatoriedad de que todo funcionario mayor de 75 años debía jubilarse y no podía trabajar en la administración pública.
La Ley Faúndes se fue al otroextremo, negando de manera absoluta el derecho de toda persona mayor de edad a trabajar. Este criterio se aplicó a mansalva sin tomar en cuenta que profesores en verdad excepcionales, pudieran seguir laborando en calidad de "eméritos", asignados a una cátedra en la que destacaran y no acaparando un tiempo completo en desmedro de los nuevos.
Un reciente fallo de la Corte Suprema ha empeorado las cosas. Reconociendo que es injusto que se prive del derecho de trabajar a una persona en razón de su edad, lo cual es inobjetable; se le fue la mano a los magistrados al permitir que las personas llegadas a la edad de jubilación, procedan a solicitar su pensión sin notificar a la institución para la cual trabajan y sin retirarse de la posición que ocupan.
El resultado es que ahora hay decenas o centenas de casos en que los docentes de mayor categoría, sin dejar sus posiciones y cobrando sus jugosos salarios de hasta 3 mil dólares, han agregado a sus ingresos sus jubilaciones máximas (2 mil 500 dólares adicionales). Con lo cual, el neoliberalismo logra su objetivo de crear la aberración de una casta privilegiada, montada encima de una mayoría con sueldos miserables (400 dólares) condenados a nunca poder ascender a las categorías superiores del escalafón.
El resultado, el estancamiento del sistema educativo, sin posibilidades de asegurar el relevo generacional, inequitativo, financieramente inviable e ineficiente académicamente. Este problema no es exclusivo de la educación superior pública y requiere de los gremios movilizarse para exigir su pronta solución.