“Hoy murió mi papa en México”, leí en un mensaje que recibí hace unos días en mi cuenta de Twitter, “y no pude ir porque no hay una reforma migratoria que me permita ir y regresar”. El que escribió lo anterior no está solo; este problema, desafortunadamente, es muy común y no parece haber una solución a la vista. La Casa Blanca y los líderes demócratas del Congreso no quieren decir públicamente, definitivamente, que millones de inmigrantes indocumentados no van a ser legalizados este año. Pero todas las señales indican el hecho de que absolutamente nada va a cambiar en 2010.
El fallido atentado terrorista en Nueva York el 1 de mayo no pudo haber llegado en un peor momento. El carro bomba no mató a nadie en Times Square, pero sí hirió gravemente los esfuerzos por revivir el debate migratorio en el Congreso.
Aclaremos. La gran mayoría de los inmigrantes en Estados Unidos (EU) no son ni terroristas ni criminales. Pero los congresistas que ya se resistían a una nueva reforma migratoria ahora tienen una nueva excusa para oponerse: cómo podrían ellos legalizar a millones de extranjeros cuando uno de ellos –Faisal Shahzad– intentó matar a ciudadanos norteamericanos. El atentado de Nueva York no ayuda precisamente a alentar una conversación franca acerca de la legalización.
Tampoco ayudan los sucesos recientes en Arizona. La gobernadora Jan Brewer y los 17 senadores estatales enviaron un mensaje muy claro cuando aprobaron la ley antiinmigrante en abril: creen que los extranjeros indocumentados son responsables por el creciente índice de la criminalidad en Arizona. Y el 5% de los norteamericanos aprueban la ley, según una encuesta de The New York Times/CBS.
Sin embargo, es totalmente falso el argumento de que los inmigrantes han causado el aumento de la criminalidad. Entre 1999 y 2006, los niveles de criminalidad bajaron en un 13% en los 19 estados con mayor número de inmigrantes (incluyendo Arizona), mientras que en el resto del país los índices de criminalidad descendieron solo 7%, de acuerdo con el Immigration Policy Center.
El número de inmigrantes indocumentados en EU se duplicó de 1994 a 2004 hasta llegar aproximadamente a 12 millones; pero durante ese periodo la incidencia de crímenes violentos se redujo en un 35% y los robos a propiedades, en un 25%, según datos de la Oficina de Estadísticas de Justicia. Más inmigrantes no provocaron más delitos; de hecho, fue lo opuesto.
La explicación es sencilla. Los inmigrantes, y sobre todo los indocumentados, no quieren tener problemas con la policía. Respetan la ley tanto o más que la mayoría de los ciudadanos norteamericanos.
Pero esos hechos se han visto ensombrecidos por el amplio apoyo en las encuestas que ha recibido la ley antiinmigrante en Arizona, como lo revelan las encuestas en escala nacional, y la respuesta al atentado terrorista en Times Square. No estamos en condiciones propicias para el inicio de un debate migratorio justo en Washington, y los 60 votos necesarios para aprobar la reforma migratoria simplemente no se han logrado.
Solo la intervención de un Presidente fuerte y decidido podría cambiar la situación. Pero no he visto ninguna señal de que Barack Obama vaya a poner todo el peso de su presidencia para lograr una reforma migratoria antes de las elecciones congresionales de noviembre.
Tiene, sin duda, otras prioridades: el derrame de petróleo en el golfo de México, con sus largos y negros tentáculos creciendo cada día, está obligando al Presidente a actuar inmediatamente sobre la reforma energética y la protección del ambiente.
Este parece ser el peor momento político para los inmigrantes. Todo esto me recuerda un almuerzo en la Casa Blanca el pasado 27 de enero, horas antes del primer discurso de Obama sobre el estado de la unión. Y alguien le preguntó que cuál era la principal diferencia entre ser candidato y ser Presidente.
El Presidente dejó de comer, respiró profundamente, extendió la pausa por varios segundos, y luego nos dijo que la principal diferencia era que ahora él es responsable de mantener seguro al país y evitar nuevos actos terroristas. Yo estaba sentado junto al Presidente y su rostro, apesadumbrado, se me quedó grabado.
Estoy convencido, por muchas conversaciones con el Presidente y con sus asesores, que él genuinamente desea una reforma migratoria. Pero me temo que está siendo orillado a pensar –por presiones políticas y por las circunstancias– que este no es el mejor momento para buscarla.
La pregunta, sin embargo, es: ¿cuánto más habrá que esperar?