Si no lo estuviéramos viviendo, parecería un episodio de cámara escondida: los mismísimos diputados (perdón, pero mi teclado sigue rehusándose a escribir la palabra que usualmente antecede) que abusan con impunidad del tiempo de “incidencias” en las sesiones plenarias de la Asamblea Nacional, espacio que han interpretado como una licencia criolla para matar reputaciones y honras sin responsabilidad alguna, han propuesto modificaciones al derecho a rectificación o réplica que actualmente contienen los artículo 2 y 3 de la Ley 22 del 29 de junio de 2005 y que se aplican solo a los medios de comunicación. El anteproyecto se encuentra en una flamante subcomisión ad hoc de la Comisión de Gobierno.
Entre otras cosas, la reforma propuesta pretende acortar el tiempo de publicación de la rectificación de 48 horas a 24 horas, y subir las multas máximas por incumplimiento de 5 mil a 15 mil balboas. Pero, sobre todo, lo que el anteproyecto de ley 242 parece pretender es generar auto censura en los medios cuando se trate de publicar noticias que incluyan la supuesta comisión de hechos punibles. Y no nos equivoquemos: el derecho a rectificación o réplica es un Derecho Humano, contenido en los instrumentos internacionales de los que Panamá es parte. Quizás el más específico de estos instrumentos es la Convención Americana de Derechos Humanos, mejor conocida como el “Pacto de San José” que entró en vigencia en 1978.
El artículo 14 del Pacto de San José, que constituye ley vigente en la República, establece el Derecho de Rectificación o Respuesta y determina que “toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley”. Dicta también que “en ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido”; y, de manera clave, establece una garantía contra la impunidad cuando acota que: “para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial”. ¡Ajá!: La responsabilidad de los medios que emiten la información no puede ser evadida ni por inmunidades ni por fueros. ¿Y los diputados? ¿Dejà vú de múltiples videos de la diputada proponente del anteproyecto 242, al igual que plurales diputados, haciendo acusaciones de todas clases contra ciudadanos privados desde su curul, blindada precisamente por la inmunidad de un fuero que garantiza impunidad?
No se puede ignorar el contexto de hostigamiento judicial y persecución económica y penal, por parte de políticos, funcionarios y exfuncionarios, contra medios, tanto tradicionales como híbridos y digitales, periodistas, activistas y ciudadanos, en que se da este anteproyecto de ley y el impacto que tendrá en la libertad de expresión y la libre prensa. A diario se dan en el país secuestros de bienes, por un lado, y denuncias penales que deberían ser rechazadas de plano por los operadores de justicia, pero que son admitidas y generan un ambiente de miedo y opresión, evidenciando que nuestra administración de justicia es débil en el conocimiento y la protección de los derechos humanos.
Nuestras leyes de delitos contra el honor no ayudan, y la excepción de su aplicación en el caso de servidores públicos, a menudo es ignorada. ¿Los resultados? Medios y comunicadores asediados, obligados a pagar gastos y costas en abogados, en un momento de la historia patria, hoy, donde no hay verdadera oposición política que genere balances, no hay contrapesos reales entre los tres poderes estatales, con autoridades de control, comenzando por la Contraloría que parece no entender que su rol es de fiscalización y no de complicidad. Los controles sociales y límites al poder gubernamental, parecen emanar únicamente de las publicaciones e investigaciones de medios, y de la incidencia, observaciones y críticas del sector no gubernamental.
En ese contexto, este anteproyecto de ley 242, es una triste y cínica nota, en buen panameño: sal en una herida abierta. El mayor contrasentido está en un párrafo que antecede el texto de los nuevos artículos propuestos: “En una sociedad en donde la información fluye de manera directa, instantánea y masiva a través de los diferentes medios de comunicación y difusión no se debe dejar de lado la necesidad de establecer un marco regulatorio que defienda a las personas de aquellas informaciones que les causen agravio, pues la libertad de información tiene límites: los derechos de terceros”. ¿Será cinismo o inconsciencia? ¿O acaso el canal de televisión y la emisora de radio de la Asamblea de Diputados no constituye difusión masiva?
La autora es escritora y abogada
