Parques eólicos, peajes a camiones, verduras de biocultivos en comedores escolares... las ideas se multiplicaron y el objetivo quedó claro: Francia debía convertirse en pionero de la protección del clima. El Gobierno negoció durante semanas con sindicatos, empresas y ecologistas un proyecto de ley que desde ayer se discute en el Parlamento y que, según las críticas más benévolas, llega al órgano muy rebajado, y directamente muerto según las más estrictas.
Greenpeace hizo un curioso experimento que refleja esa denuncia: el proyecto incluye 142 veces las palabras “puede” o “podría”, y solo 16 la palabra “debe”. “El aumento del escepticismo ecológico es inquietante. La tendencia se vuelve cada vez más fuerte”, advirtieron varios políticos en una carta abierta al ministro de Medio Ambiente, Jean–Louis Borloo. “Un viento malo parece alejar todas las buenas intenciones”. La energía eólica, por ejemplo, debía ser un pilar de la nueva política ambiental.
Francia produce actualmente 4 mil 500 megavatios de este tipo de energía, frente a los casi 20 mil de España.
En lugar de ofrecer incentivos para la creación de parques eólicos, el proyecto de ley les fija duros requisitos. Los parques tendrán que contar con un mínimo de 15 molinos, lo que disuadirá a los pequeños inversores. Francia pretendía subir hasta 2020 su cuota de energías renovables del actual 10% a un 23%. Defensores del ambiente dudan de que ese objetivo pueda alcanzarse. También se apuntaba a instalar un millar de nuevos molinos cada año, pero el lobby contra la energía eólica (que cuenta con poderosos paladines, como el ex presidente Valéry Giscard d’Estaing) critica aspectos como su costo o la alteración del paisaje que entraña.
Entre tanto, la energía atómica no tuvo ningún papel en el debate. Greenpeace critica, entre otras cosas, que el presidente Nicolas Sarkozy anunciara el año pasado la construcción de un segundo reactor atómico EPR, sin plantear un debate público.
Francia exporta además su basura nuclear a Rusia, subraya la organización. El Gobierno insiste en que no se trata de una mera exportación de residuos, sino que en Rusia se recicla el combustible nuclear.
En otros temas el Gobierno renunció a sus planes originales. Un veto provisional del maíz transgénico podría levantarse en breve. El impuesto a camiones y el peaje en el centro de grandes ciudades quedaron hasta ahora postergados. Y el uso de insecticidas en la agricultura no se limitó tanto como estaba previsto, debido a la presión de los campesinos.
La protección de costas, por su parte, alcanza hasta ahora solo el 1%, cuando hasta 2012 se quería alcanzar un 10%. Los ambientalistas están decepcionados con la política de Sarkozy. La fundación de Nicolas Hulot, icono ecologista de Francia, suprimió recientemente su cooperación con el Gobierno.