Una de las situaciones históricas que más ponen en riesgo el estado de derecho y el orden normativo viene representada por las crisis desatadas en materia económica.
Sin importar que sus causas sean endógenas, producto de la mala administración de la cosa pública, o exógenas, como la inflación por aumento de costos en mercados internacionales, el resultado es el mismo.
En tiempo de crisis económica se desarrolla una dimensional carga, cuya reacción en cadena afecta el acceso a bienes y servicios comunes, pero básicos.
El Estado, al disminuir su capacidad de endeudamiento, agota sus recursos presupuestarios y desiste de atender funciones públicas importantes, o bien funciones públicas ordinarias se tornan deficientes y perjudicando a la sociedad en general, sesgando el acceso a servicios públicos mínimos.
Consecuentemente, sobreviene el distanciamiento de los intereses materiales del Estado en contraposición con los intereses reales de la sociedad, y el ciudadano no solo pierde afinidad con la administración pública, sino que desaparece la voluntad de aceptar las reglas de derecho, sin temor a las consecuencias, por concebirse víctima de la incompetencia administrativa.
La sociedad, con su sistema de organización colectiva, sean las asociaciones de vecinos, sindicatos, partidos políticos, sociedad civil, asociaciones religiosas, incluso, organizaciones criminales, y otras de cualquier naturaleza, tratarán de resolver sus desiguales necesidades buscando crear su orden propio, con el fin de garantizar mecanismos para acceder a lo que el Estado no les garantiza o provee.
Frente a este escenario, yace la pérdida de poder real del Estado sobre sus administrados. Por ejemplo, la evasión fiscal, justificada bajo el aforismo de un Estado deficiente o el de gobernantes derrochadores de recursos públicos.
Esta coyuntura provoca que el orden social bifurque estructuralmente su modelo de organización en base a desigualdades que compiten por imponerse. Uno, mediante organizaciones sociales que jerárquicamente se someten de forma jacobina al Estado y a sus componentes de administración –normas de rangos constitucionales y ordinarias–, que le brinden legitimidad y sistematice su forma de liar con el poder y con la satisfacción de sus necesidades.
Y un segundo modelo de índole fáctico, sostenido por colectividades reconocidas oficialmente o no, que tienen como finalidad conquistar los espacios que el Estado ha descuidado.
Las organizaciones de facto sin control surgen de las desigualdades sociales y del desinterés extremo y desigual de la sociedad y, en general, del Estado. Ejemplo: bandas criminales. Aunque muchas veces surgen directamente de la connivencia entre administración pública y particulares. Ejemplo: la compra de fallos o adjudicaciones fraudulentas.
El impacto de la economía en la voluntad colectiva, de cumplir con las normas vigentes, es simétricamente proporcional a la responsabilidad del Estado para conservar la integridad de las leyes, entre eficiencia en la gestión pública y la tutela de intereses colectivos. El abuso de este equilibrio desestima la existencia de los sistemas jurídicos y el deber ser del ciudadano en sociedad, y es lo que se conoce como Estado fallido.
El autor es docente universitario