Muchos se preguntarán... ¿cuál es el propósito de una legislación que regule la materia agropecuaria en nuestro país? La principal razón que motiva a ello es que en Panamá, el sector agropecuario representa una de las principales fuentes de ingreso y sustento. Más de la mitad de los panameños depende, directa o indirectamente, de la agricultura. Es el sector agropecuario en donde radica el desarrollo sostenible del país.
La Ley 4 de 17 de mayo de 1994, por la cual se establece el Sistema de Intereses Preferenciales al Sector Agropecuario y se toman otras medidas, así como el Decreto Ejecutivo No. 29 de 8 de agosto de 1996 que la reglamenta representan una iniciativa de nuestras autoridades para resaltar la actividad agropecuaria panameña, sector primario de nuestra economía.
La misma parte de la primicia de conceder un descuento de interés sobre las facilidades crediticias otorgadas a los productores agropecuarios, el cual consiste en la tasa de interés preferencial que resulta de aplicar un "descuento" en la tasa de interés pactada entre el banco/financiera y el prestatario, que para este caso en particular, será un productor.
Este descuento en la actualidad es de 3.50% y se suple con la sobretasa del 1% anual que cobran los bancos y entidades financieras sobre todo préstamo comercial, personal, local, mayor de 5 mil balboas, la cual se calcula sobre el mismo monto que sirve de base para el cálculo de los intereses. De estas sumas, el 50% se destina al Banco de Desarrollo Agropecuario y el otro 50% pasa al Fondo Especial de Compensación de Intereses, entidades calificadas en esta materia.
De lo anterior, legalmente la figura se encuentra claramente establecida. En la práctica, tenemos mucho por seguir haciendo: Estar conscientes del 1% que se nos cobra a todos los ciudadanos, quienes al final -de alguna manera- recibimos los beneficios del descuento que se le otorga al agro y, principalmente, asumir dicho cargo sin buscar la manera de "forzosamente" encuadrar dentro de algunas de las exclusiones del pago del FECI. Más que un deber, debe ser un compromiso ciudadano.