Las fallidas políticas de Estado en materia de seguridad, la vulneración de los derechos humanos de los privados de libertad y la falta de programas de resocialización son algunas de las tantas situaciones que no podemos pasar por alto en medio de la caótica situación en la que se encuentra el sistema penitenciario en Panamá. Sin embargo, lo que me parece realmente alarmante es que el tiroteo que se produjo el martes 17 de diciembre dentro del penal La Joyita es una prueba concreta de que nos hemos convertido en un Estado fallido y, quizás, de forma más específica, en un narcoestado.
Ha quedado al descubierto que el verdadero jefe del Estado es el crimen organizado. Nosotros somos sus rehenes. ¿Acaso estas armas de alto calibre pudieron haber llegado a los privados de libertad sin la total complicidad de funcionarios corruptos? Recuerden, tal como dijo tiempo atrás una familiar de uno de los privados de libertad, “una metra no cabe en un tontón”.
Entretejer esta teoría no me parece descabellado, pues no sería la primera vez que encajamos dentro de la descripción. Solo necesitamos retroceder nuestra memoria unas tres décadas y recordar cuando el dictador Manuel Antonio Noriega reinaba en Panamá y se enquistaba en el poder colaborando con el narcotráfico, lavando dinero y utilizando como herramienta la institucionalización de la corrupción.
Por otro lado, creo importante resaltar que los tiroteos entre privados de libertad dentro de las cárceles han sido un tema recurrente durante las pasadas administraciones, por lo que me parece improbable que tanto el ministro de Seguridad, Rolando Mirones, como el ministro de Gobierno, Carlos Romero, no hayan tenido conocimiento de la gravedad de la situación antes de asumir sus respectivos puestos. Ni a mí, que no soy periodista ni investigadora, me tomó más de 10 minutos tener acceso a toda esta información. De hecho, Romero dijo en la rueda de prensa del miércoles 18 de diciembre, que ellos “tenían conocimiento del movimiento de armas, pero que no les habían informado dónde”.
Es más, me atrevo a ir más allá manifestando que no sabría definir qué deja más clara su ineptitud para llevar a cabo las funciones que dichos puestos requieren: si haberlo sabido y no haber tomado las medidas adecuadas para corregirlo o, simplemente, no haberse dado por enterados. No sé cuál podría ser una mejor justificación para este craso “descuido”.
No soy politóloga, política, socióloga, abogada, periodista ni nada similar. Sin embargo, aquí está mi opinión como una ciudadana profundamente preocupada por el terrible deterioro del país. Percibo un crimen organizado cuyos tentáculos parecen haber contaminado no solo a la institución policial, sino también a otras instituciones. Sin esta relación simbiótica, dichas organizaciones no habrían sobrevivido, pues es el poder político –a través de la falta de transparencia, la falta de pesos y contrapesos, la corrupción y el debilitamiento de las instituciones– el principal impulsador y caldo de cultivo.
Por lo antes expuesto, aunque medidas como la destitución del director y subdirector del Sistema Penitenciario, así como del comisionado de la Seguridad Externa del Complejo penitenciario y otros, son muestra de buena voluntad, en esta compleja y profunda situación son el equivalente a darle una aspirina a una persona para curarle el cáncer.
La autora es ciudadana