Ya desde la antigüedad, pensadores como Platón nos decían que el servir a la ‘polis’, o sea la comunidad, el estado y el bien público, es la clase de conducta mas pura que podemos sostener, excede nuestros deseos subjetivos y se dedica a servir un concepto que sobrepasa la individualidad. En otras palabras, el servidor debía ser abnegado y dedicado al orden y armonía social. En la actualidad, la administración pública persigue esos mismos ideales, por lo tanto, aunque hayan pasado siglos desde su concepción, esta noción resulta tan urgente como nunca.
Para el óptimo funcionamiento de un estado, el amor y deber cívico deben estar presentes en todos sus ciudadanos, pero sobretodo en aquellos comprometidos profesionalmente a servir el bien común. No obstante, la percepción que se tiene del servidor público en nuestro país dista mucho de ser idónea, constituye un perfil pintado por el nepotismo, la poca, o inclusive nula, preparación especializada para el cargo ejercido, y una predisposición latente para beneficiarse de su posición a través de todos los canales posibles. Con esto no se pretende afirmar que no existan servidores públicos honorables en Panamá, sin embargo, la narrativa vigente aleja a todo tipo de profesionales de adentrarse en el servicio público por temor a no mantener los contactos adecuados. Las consecuencias de esta realidad son dignas de analizar, pero antes resulta pertinente observar sus causas.
Uno de los principales elementos de la problemática yace en que una proporción significativa de los cargos públicos se encuentra sujeta a cambiar cada cinco años junto al partido gobernante. Los nombramientos, que en teoría deberían regirse por premisas de mérito, se han convertido en recompensas por la lealtad demostrada a lo largo de la carrera electoral, independientemente de la aptitud del candidato para ejercer el cargo en cuestión. Así es como terminamos con ‘emplanillados’ de salarios obscenos que ni siquiera cuentan con una preparación universitaria, una realidad que se ve agravada si consideramos que los puestos más altos se suelen reservar, a todas luces, a aquellos individuos bien posicionados en el acontecer nacional y con los medios económicos necesarios para hacer aportaciones significativas a la campaña del candidato. Surge la duda, ¿Acceden estas personas al cargo público primordialmente con el deseo de servir al bien colectivo, o mas bien se prioriza el hacerse con un salario bien remunerado y con beneficios significativos? La verdad es que no podemos afirmarlo a ciencia cierta sin peligro de generalizar, sin embargo, lo que sí queda claro tras varios acontecimientos recientes es que no cuentan con el compromiso conceptualizado por los maestros helenos.
Al girar la mira hacia las consecuencias, no resulta necesario ir muy lejos. En lo que va del año, el horror ha conmocionado al país bajo el caso de los albergues y ante la posibilidad de un Estado que le ha fallado a aquellos que mayor necesidad tenían de su protección, surgen figuras que buscan lavarse las manos, algunos desvinculándose de su responsabilidad y otros directamente renunciando en un acto de cobarde ‘protesta’. La ausencia del compromiso cívico necesario impacta inmisericorde, disfrazada de falencia burocrática engaña únicamente a aquellos dispuestos a tapar el sol con un dedo.
El autor es amigo de la Fundación Libertad
