No a la Ley 256 que establece “la obligatoriedad en la expedición de factura o de documento equivalente para acreditar toda operación relativa a la transferencia, venta de bienes y prestación de servicios por parte de las personas residentes en el territorio panameño”, porque es un atentado contra el libre ejercicio profesional. Además, viola el artículo 40 de la Constitución, que señala “no se establecerá impuesto o contribución para el ejercicio de profesiones liberales y de oficios y artes”.
El actual gobierno no solo está en contra del libre ejercicio profesional, sino que continúa haciendo lo mismo que hicieron todas las administraciones que le anteceden. Imagínense un taxista, paletero, barbero a domicilio, etc., facturando con el 7% incluido. Esto es un ataque frontal contra la economía informal.
Hacer frente a los viejos o nuevos retos sociales, económicos y ambientales, requiere actitudes y comportamientos disruptivos. Es necesario “aprender a desaprender”, es decir, dejar de hacer lo mismo de la misma manera. Con urgencia debiéramos encontrar, descubrir otros caminos que permitan vencer obstáculos, dejando las limitaciones que comúnmente tenemos, porque ignoramos otras vías más eficientes que no hemos experimentado.
Por siglos, en América Latina y de manera tradicional en la administración pública panameña, cuando se requiere recursos para inversiones y funcionamiento, siempre recurren: al aumento de la deuda externa solicitando préstamos o se colocan bonos soberanos en el extranjero (Panamá colocó 2,500 millones de dólares de Sovereign Bond en el 2020), la venta de activos y patrimonios estatales (los casos de Cemento Bayano, IRHE, Intel, venta de tierras y bosques, etc.), políticas de contención del gasto público y creación de nuevos impuestos. Nada nuevo bajo el sol, entre otros desaciertos, esas acciones tradicionales rinden culto a la inmediatez administrativa y a la politiquería electoral. No son verdaderas políticas de Estado. Eso indica ausencia de diálogo con los sectores más vulnerables de la sociedad. Ya somos especialistas en el comercio y los servicios. Por esa vía no vamos a crecer más. Sin descartar lo avanzado, es necesario cambiar el enfoque y el orden de las prioridades.
El país enfrenta nuevos retos, pero también tiene nuevos y viejos recursos para acometer esas tareas. Por ejemplo, la población está aumentando rápidamente hacia el este de la región metropolitana. Por otra parte, la situación de la Caja del Seguro Social (CSS) es cada vez más precaria. Sin embargo, ya contamos con la represa del Bayano. Solo basta un año y medio de ingresos netos por el Canal de Panamá, sumados a una parte de las reservas de la CSS como fuente de financiamiento, para dotar de agua potable a toda esa región. Al darle la propiedad de ese negocio a la CSS, se generarían ingresos perpetuos para las cuentas de Invalidez, Vejez y Muerte.
Con sus propias variantes, el mismo enfoque se le puede dar a los recursos marinos y al sector forestal. Por ejemplo, cada hectárea reforestada con fines industriales es capaz de crear 0.03 empleos permanentes, proteger el suelo, dar cobijo a la fauna, evitar la erosión de los suelos, regular el flujo hídrico, fijar carbono y ofrecer un sinnúmero de otros servicios ambientales. Nicaragua exportó el 94% de su producción pesquera, unas 40,000 toneladas métricas al año, generando unos 50,000 empleos directos (Ospesca, 2013).
No es necesario aumentar cada cinco años la deuda externa o echarle la culpa a la pandemia; solo necesitamos acometer las tareas pendientes. Estamos a tiempo para evitar que el amor y el interés salgan a pasear nuevamente y pueda más el interés que el amor que le tenía.
El autor es secretario general electo de Anteforp
