Si no tenían tiempo para pasear su mascota, debieron contratar un “paseador” privado y pagarlo ellos, no el Estado. El escolta no tenía vocación para ese noble trabajo. Probablemente estaba impaciente y apuraba el perro para que terminara su “tarea”. Quizás no sabía lo básico: humanos y animales, necesitan su momento privado para hacer lo que la naturaleza exige. Nunca debió forzarlo. El perro, asustado, lo rechazaba, se escondía y le huía, y la dueña –con razón– acusaba al escolta de maltrato. Siendo su obligación contractual un trabajo muy diferente, no se le podía culpar ni acusar de nada.
El reciente caso del perro y su escolta es un claro ejemplo de que el presupuesto del Estado contiene gastos superfluos. Si son legales o ilegales es otro asunto, aunque nadie discute que aquellos gastos netamente personales no deben ser pagados por el Estado. Tampoco es el único ejemplo. De hecho abundan y están a la vista de todos.
Solo hay que observar los choferes de las camionetas 4x4 oficiales, sin franja amarilla ni placa, que proliferan alrededor de funcionarios electos o de alta jerarquía. En su entorno giran innumerables guardaespaldas, como si sus vidas corrieran algún peligro claro e inminente. Cuando el “dueño” de los vehículos hace alguna diligencia oficial o personal, sus choferes dejan el motor andando y el aire acondicionado prendido. Además, cada uno de estos altos funcionarios se rodea de consultores, recepcionistas, secretarias, mensajeros, etc.
El caso del perro simboliza los problemas recurrentes de la maquinaria estatal: despilfarro de fondos públicos, contratación por favores políticos, mala actitud y aptitudes equivocadas. La consecuencia inmediata la sufrimos todos al usar los servicios del Estado: carreteras con huecos, policías muertos en vez de vivos, falta de medicamentos, justicia lenta, etc. Recibimos lo que –chiste cruel– se cataloga como servicio perro. En vez de contratar los verdaderos expertos que se necesita, el Estado pierde eficiencia al malgastar sus recursos en contrataciones que restan valor. Eso promueve la sumisión y adulación a las maquinarias políticas, el famoso clientelismo político. Cualquiera percibe que las contrataciones que derivan de influencia y no de estudios y preparación son “sagradas”, y las cuentas nacionales lo confirman.
En 18 meses se contrataron a cerca de 20 mil funcionarios adicionales, lo que suma más de 211 mil empleados públicos que en dinero supera los 2 mil 800 millones de dólares anuales. Pareciera una contradicción, pero el Estado debería contratar a mucho más funcionarios, pero gente experta y preparada, apta para el trabajo, no clientes políticos. La carrera administrativa debería ser el filtro.
El asunto es grave. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Panamá recientemente se expuso a padecer de una epidemia de poliomielitis, porque parte de la población vulnerable de una comarca no se vacunó. Faltaba personal y transporte para ir a vacunarlos. Con frecuencia, Farmacias y Drogas no puede cumplir sus obligaciones de fármaco-vigilancia por falta de personal idóneo y vehículos. Y qué decir de los registros sanitarios de medicamentos. Los atrasos sobrepasan los 24 meses. Entre otras causas, faltan analistas farmacéuticos. Falta de todo: maestros, expertos forenses, médicos, enfermeras, nutricionistas, policías, bibliotecarios, archiveros, guardabosques, etc. La lista es interminable.
La comparación siempre ayuda a afianzar conceptos. Aquí va una. El presupuesto de Panamá para 2016 es de $20 millardos (1 millardo equivale a mil millones) y el de Perú $40 millardos. Siendo la población del Perú ocho veces mayor que la de Panamá, ¿cómo se explica que su presupuesto sea apenas el doble del panameño? ¿Eficiencia peruana o falta de recursos?
Aplicando nuestro tamaño de 4 millones de habitantes a una sencilla regla de tres con los datos del Perú, el presupuesto de Panamá debería ser $5.16 millardos. ¿Cómo solucionar el problema si aquí, solo en planilla, se consume más de la mitad de esa cifra? ¿Dónde está el error? Para colmo, siguen entrando proyectos de ley, que despilfarran recursos.
Expertos dicen que los dos presupuestos no deben compararse, porque Panamá incluye renglones que Perú no tiene. Aún así amerita hacer un alto y pensar si es factible imitar a los peruanos. ¿Por qué no? La diferencia es impactante, llama la atención. Si todos los esfuerzos nacionales pudiesen cambiar actitudes y aptitudes, haciendo una gran reingeniería de procesos eficientes y abiertos, se podría lograr resultados parecidos a los peruanos? Son demasiados miles de millones malgastados para no probar.