El país se paralizó por la noticia de una niña de 8 años embarazada. La indignación se hizo notar en la población, y con ella vinieron también las discusiones sobre el aborto, la educación sexual y el derecho a elegir. Sin embargo, el ruido de la indignación a veces hace perder de vista la gravedad del caso.
Esto no es un evento aislado. Está relacionado a los casos de abuso del SENNIAF, a las fallas de nuestro sistema de justicia y a un Estado que cada vez pierde de vista su rol como ente garante de los derechos de todos los panameños. El caso de la niña embarazada, producto de una violación, y la falta de acción por parte de entes gubernamentales ante esta aberrante situación, es una prueba más de la falta de actores de protección que tiene este país. El abandono a la niñez panameña no es solo un problema de acceso al ejercicio de los derechos, sino una clara muestra de violencia sistémica.
Es violencia sistémica porque anula cualquier posibilidad del desarrollo pleno de la niñez y porque perpetua los vicios de violencia que van más allá de lo físico. Es el abandono completo del rol del Estado como protector de los menores de edad.
Lo más alarmante es que no impacta a todos por igual. La falta de garantías, la poca preparación del aparato protector y cortes pusilánimes que se niegan a garantizar los derechos son parte de la violencia que viven las niñas y mujeres de este país. Aquellas en las zonas rurales, las niñas y mujeres indígenas, las niñas y mujeres pobres de Panamá.
Aunque incomode, el reconocimiento de la violencia sexual infringida y perpetuada a nivel sistémico debe de ser una prioridad del gobierno nacional, acompañada de acciones concretas.
Las niñas de este país están siendo sometidas al peso de un moralismo estatal absurdo, la política machista que domina nuestro país y una ceguera social voluntaria.
Todos le hemos fallado a la niñez de este país. Hemos dejado de protestar hasta lograr la educación sexual obligatoria, hemos dejado de exigir cambios sustanciales en la SENNIAF, hemos dejado de hacer bulla hasta garantizar políticas para la erradicación del embarazo infantil. Y me incluyo.
Son niñas, no madres.
El autor es director ejecutivo de Movin
