Luego de toda esta discusión de las campañas electorales, si ha habido un perdedor, ha sido el bien común y el interés general. Los diputados oficialistas, proponentes del nuevo proyecto de reformas electorales, han querido venderle a los ciudadanos, principalmente, a los de a pie, que seguramente no leyeron las reformas propuestas por la Comisión Nacional de Reformas Electorales, que esas propuestas no eran democráticas, pero las de ellos sí. Además, se encargaron de hacerlo mediante cuñas televisivas que se pagaron con el dinero de todos los panameños, allí también está nuestra plata.
Si hay un tema sobre el que es necesario legislar, es sobre el de la transparencia y los topes a las donaciones. Con la falta de transparencia, en período electoral y no electoral, es que se fomenta el círculo vicioso de la corrupción política. En las reuniones de la comisión se debatió si lo mejor era prohibir las donaciones privadas y permitir solamente el uso de los fondos públicos en la política, pero se concluyó que como, igualmente, se iban a dar donaciones particulares, era mejor regularlas antes que prohibirlas.
Todavía no he escuchado ningún argumento de los proponentes de la bancada de Cambio Democrático que justifique por qué no aceptan la transparencia y los topes de las donaciones. Es un debate que no quieren tener de cara a la ciudadanía, pero tengo que recordarles que la incorporación de este tema en las reformas no debería ser una opción sujeta a caprichos personales, porque es una obligación consignada en el artículo 7 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ratificada por Panamá, que señala lo siguiente: “Cada Estado parte considerará asimismo la posibilidad de adoptar medidas legislativas y administrativas apropiadas, en consonancia con los objetivos de la presente Convención y de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, para aumentar la transparencia respecto de la financiación de candidaturas a cargos públicos electivos y, cuando proceda, respecto de la financiación de los partidos políticos”. Nos hubiera gustado escuchar otras voces recordando esta obligación a los diputados, como la del Consejo de Transparencia contra la Corrupción, por ejemplo.
Si el ministro de Seguridad ha manifestado su preocupación por las consecuencias que puede acarrear en las próximas elecciones el descontrol en el financiamiento electoral, y ya hemos tenido experiencias cercanas de penetración del crimen organizado en las campañas, además de que estamos viendo lo que pasa en otros países de la región, ¿por qué los diputados siguen ignorando el tema?
Por otro lado, vemos los efectos negativos de estas donaciones opacas en las políticas públicas: Contrataciones y concesiones directas, sin justificación real, sobreprecios, en fin, devolución de favores. En un informe publicado por el Departamento de Criminología de la Universidad de Estocolmo, en el año 2009, en relación a una encuesta sobre la financiación de las campañas electorales y la corrupción política, en Colombia, (www.criminology.su.se/), en el que se utilizaron 218 encuestas realizadas a empresas de ese país, se pueden observar resultados interesantes: el 15.8% señaló que entregaba la donación para recibir algún retorno. El 10.1% aceptó que les fue expresamente ofrecido algo en retorno, el 45%, contratos con entidades estatales; el 36%, nombramiento de familiares; el 9%, subsidios directos, leyes, regulaciones, decretos o modificaciones a sus contratos, igualmente favorables. Parecen pocas empresas, pero si tomamos en cuenta la magnitud que pueden tener estas y su nivel de influencia, la cifra deja de ser poco significativa.
Sería positivo realizar este estudio en Panamá y ojalá las empresas se atrevan a participar, para que todos tomemos conciencia de las consecuencias negativas de la falta de transparencia de las campañas y cómo esto continúa minando la confianza de los ciudadanos en el sistema y en los políticos, como personas que de manera altruista sacrifican su vida privada para dedicarse a la vida pública y promover el bien común.
Con la propuesta de eliminación del voto en plancha (“un hombre un voto”), mayor espacio para las candidaturas independientes y la reducción del tiempo de las campañas –que al final representan la esencia de la propuesta bastante conveniente de la bancada oficialista– y cualquier otra propuesta que ignore la necesidad de transparencia y los topes de las donaciones, los riesgos para la democracia y la falta de equidad en las campañas seguirán siendo una constante y, en 2014, seremos testigos de cómo se repiten los mismos vicios de la política partidista que vemos elección tras elección.