Denuncia

Uigures: genocidio y ejercicio del poder en China



La humanidad ha sufrido, con nefasta regularidad, las consecuencias del odio, la intolerancia y la violencia. Las lesiones causadas por los actos genocidas trascienden fronteras y generaciones, millones de vidas, así como valiosos aportes históricos y culturales se van sumando día a día a la cifra incierta que busca cuantificar el alcance y la destrucción que los criminales genocidas han ocasionado a la humanidad. Cifra que no conoce un principio y, ciertamente, para nuestra desdicha, tampoco conocerá un final.

A pesar de que desde que la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio entró en vigor, se sentaron las bases para la prohibición internacional de eliminar grupos humanos y que, el derecho internacional ha evolucionado para hacer extensiva esta obligación, no solo a los Estados parte de la Convención, sino a toda la comunidad internacional, en su conjunto. Seguimos siendo testigos de como algunos Estados insisten en perseguir y cometer las más graves violaciones de derechos humanos, contra miembros de grupos nacionales, étnicos, raciales o religiosos, que se encuentran en su territorio.

Este es el caso de los altos mandatarios de la República Popular China, contra quienes se ha presentado evidencia de que están cometiendo posibles actos genocidas en contra de los Uigures, una minoría musulmana que reside principalmente en Xinjiang, China.

Para contextualizar, el genocidio son acciones tales como: la matanza, la lesión grave a la integridad física y mental, el sometimiento a condiciones que existencia que hayan de acarrear la destrucción física, la adopción de medidas destinadas a impedir nacimientos o el traslado por fuerza de niños, que son perpetradas con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. El genocidio no implica, necesariamente, la destrucción inmediata de un grupo descrito podría ser también ejecutado progresivamente y con distintas acciones que tengan como objetivo final que el grupo en cuestión deje de existir.

Así, la evidencia que se ha presentado (documentos, testimonios, videos y tomas aéreas de la región de Xinjiang) podría demostrar que el gobierno de China está llevando a cabo acciones que podrían encajar en la definición de genocidio y delitos de lesa humanidad. En concreto, lo que el gobierno chino ha catalogado como “una lucha contra el terrorismo y el extremismo islámico” se ha traducido en la utilización de tecnología del más alto nivel para controlar, someter y perseguir, entre otros, a miembros de la minoría Uigur.

Una de las principales características que ha encendido las alarmas de la comunidad internacional es la retención de uigurs en lo que el gobierno chino ha denominado “centros de re-educación vocacional” donde, según el discurso oficial, a los miembros de los uigurs que han sido “infectados” con el “virus del extremismo islámico y separatista” se les ingresa “en cuarentena” para recuperarse de las ideas nocivas del extremismo islámico, mientras aprenden el idioma oficial de la República de China, así como habilidades esenciales para ser productivos para la sociedad. No obstante, la evidencia sugiere que estos “centros” son prisiones de facto, donde hay evidencia de torturas, maltratos, condiciones infrahumanas, falta de atención médica, esterilizaciones masivas, violaciones, desapariciones forzosas y muertes.

La campaña emprendida por el gobierno Chino en contra de los Uigurs, además, ha incluido medidas para “generar miedo” como arresto a intelectuales, empresarios y actores religiosos, en plazas públicas, así como el control total de la información pública y privada de los uigures, con una excesiva presencia policial en las calles, cámaras de vigilancia y tecnología de reconocimiento facial y la posibilidad de las autoridades de revisar los celulares para determinar con quien están hablando y sobre que, siendo esto una de las principales excusas para detener a las personas y llevarlas a los “centros de re-educación”.

Actualmente, le corresponderá al fiscal de la Corte Penal Internacional decidir si acatará la recomendación de un grupo de parlamentarios que han solicitado que se inicien investigaciones sobre el particular, alegando que se han llevado a cabo deportaciones masivas de uigures desde Estados miembros de la CPI, lo que podría activar la jurisdicción de la CPI, habilitándola para investigar. (considerando que China no es parte de la CPI).

La autora es miembro de la Fundación Libertad