La crisis que atraviesa la Caja de Seguro Social (CSS) tiene la virtud no solo de demostrarnos las fallas y deficiencias propias de esta enorme organización estatal, sino además permitirnos entender mejor cómo esta caja “encaja” dentro del concepto más amplio de “seguridad social” estatal, parte esencial de un Estado de bienestar como el panameño.
La función primaria de la CSS es ser la institución gubernamental primordial de seguros colectivos y solidarios, con cobertura nacional, para garantizar medios económicos a sus asegurados y pensionados, en casos de riesgos de orígenes patológicos (enfermedad, invalidez, accidentes laborales); biológicos (maternidad, vejez y muerte), y económico/sociales (paro forzoso, viudez, orfandad, gastos funerarios, carga familiar, etc.). Es el recurso principal del gobierno para ofrecer protección contra dichos riesgos a la población asegurada, siendo también parte importante de esa gestión redistributiva e igualitaria de nuestro Estado de bienestar, como señala nuestra Constitución (Titulo III, “Derechos y deberes individuales y sociales”).
Pero esa relación indisoluble entre “seguridad social” y el Estado de bienestar panameño que incluye salud, educación, trabajo, cultura y seguridad, no debe ni puede verse como responsabilidad exclusiva de la CSS, como piensan los malinformados, ya que la seguridad social estatal es una obligación compartida con los demás órganos del Estado, incluyendo a todos sus ciudadanos.
En nuestra sociedad libre y democrática, con sus muchos componentes económicos, políticos y sociales, basada en su código social de dignidad humana y de protección a los más débiles, es necesario enfatizar la diferencia entre esa idea original, eminentemente solidaria y aseguradora, de “caja” de retiro para la vejez (término del siglo XIX de donde proviene el nombre de nuestra “Caja” de Seguro Social) y ese otro concepto político, filosófico, ideológico y sistemático de “seguridad social”, noción bien definida en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (artículos 22 y 25); la Norma mínima de Seguridad Social (102) de la Conferencia General No. 35 de la Organización Internacional del Trabajo (1952), y la Declaración Iberoamericana de Seguridad Social de Panamá (1976), todas suscritas por Panamá.
¿Por qué es importante hacer esta diferenciación?
Para enfatizar las dos funciones principales de la Caja: primero, como fondo de pensiones solidarias o individuales para la vejez; segundo, como aseguradora contra riesgos profesionales y demás contingencias de riesgos patológicos, biológicos y sociales descritos arriba. Muchos de los males que aquejan a la Caja derivan precisamente por no diferenciar entre los servicios que debe aportar el Estado panameño en función de seguridad social, siendo la salud pública uno de estos, y los que corresponden netamente a la CSS, como riesgos profesionales, enfermedad y maternidad y el fondo de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) para sus asegurados.
Esa funesta combinación de ignorar la antedicha dicotomía diferencial junto al manejo político y clientelista de la Caja han contribuido a su mal gobierno institucional y al descalabro financiero de sus fondos, empeorado aún más por su rigidez normativa y las diferencias ideológicas entre empleadores y gremios. Esto hace necesario e impostergable flexibilizar la gestión de fondos; hacer ajustes paramétricos periódicos de cuotas, tasas, edad de retiro y fórmulas alternativas de pensión, y, muy especialmente, cambios estructurales a su administración.
Por eso, la función primaria de la Caja debe prevalecer sobre la de seguridad social estatal, de la cual es parte, no viceversa, para que ambas encajen bien en el siglo XXI, en justo beneficio de la población panameña.
El autor es economista