El principal problema político que siempre ha existido en Panamá es la corrupción. Se puede definir como un acto ilícito que cometen nuestros gobernantes, funcionarios, autoridades, abusando del poder que poseen para apoderarse de los recursos del Estado, nombrar personas y realizar funciones que no les corresponden, para mencionar algunos ejemplos. Este es un problema de vieja data que muy bien podría compararse con una enfermedad que, con el pasar de los días, se riega por todo el cuerpo y aunque se trate de atacar parece que nunca es posible redimirlo.
Desde mi punto de vista, el asunto comienza desde la campaña electoral —cada cinco años— para escoger a nuestros gobernantes. Llegan personas con ansias de poder, sin pensar en las necesidades ni en los problemas sociales que tiene el país; piensan en sí mismos y en cómo llegar a la cima, muchas veces con mentiras y con promesas que saben que no van a cumplir. Desde ese momento existe la corrupción, al querer comprar la conciencia del pueblo y aprovecharse de su desconocimiento; aunque existen políticos y personas comunes que tienen un interés genuino de conocer y buscar una solución a las necesidades y problemas que vive a diario el país y que buscan hacer la diferencia y lograr un cambio aportando a través de la participación o el análisis de ideas.
Ante este escenario, un pueblo sin educación es presa fácil, pues también será un pueblo desinformado. Esta es, quizás, la razón por la cual nuestros gobernantes piensan muy poco en solucionar problemas tan importantes como la educación. Muy por el contrario, se aprovechan de esta vulnerabilidad para cometer actos corruptos, abusar del poder, apoderarse de dinero del Estado o hacer compras con sobrecostos, tal cual lo estamos viviendo en este tiempo de pandemia. Estos actos son realizados a espaldas de la población y ante un sistema en el que no hay certeza del castigo para los corruptos. Gobierno tras gobierno pasan por alto la comisión de estos delitos, pues cada uno continúa con las mismas prácticas, convirtiendo las leyes anticorrupción en un cero a la izquierda. De más está decir que hasta ignoran a aquellos que tratan de aportar o participar para solucionar este problema, porque no les interesa acabar con la corrupción. De la misma forma se pierde la confianza en las instituciones y en el sistema de justicia al ver que no se cumplen las leyes.
El pueblo debe educarse, conocer sus derechos, conocer las leyes del país, los problemas sociales y conocer a sus políticos, para así exigir el cumplimiento de las normas y colaborar con su fortalecimiento, y de esta forma hacerle frente a este problema, que parece de nunca acabar.
La autora es abogada
