El domingo 3 de octubre, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación inició la publicación de los llamados Pandora Papers. De leer las publicaciones que han salido a la fecha, se concluye que buena parte del Consorcio comparte una ideología pro transparencia extrema y una absoluta enemistad para con la llamada competencia fiscal (y por extensión, los centros offshore).
A nivel nacional, el tema productos offshore ha quedado revestido de un profundo nacionalismo. Con base a dicho nacionalismo, se defiende a ultranza el sistema legal y fiscal que Panamá detenta desde hace muchas décadas.
Ante la presión internacional que Panamá viene enfrentando desde hace décadas, tanto de organizaciones multilaterales cómo medios de comunicación (incluyendo los Panama Papers de 2016), Panamá ha introducido varios parches a su legislación corporativa, siendo el más reciente la Ley 129 de 20 de marzo de 2020. Dicha ley fue promulgada pero realmente no está vigente (solo entrará en vigencia real cuándo el Gobierno anuncie la puesta a andar el registro final de beneficiarios, lo que no ha pasado). Con la entrada en operación de la Ley 129, los agentes residentes asumiremos responsabilidades inmensas si no contamos con información de debida diligencia actualizada de los clientes. Cómo si fuera poco, hay un proyecto de ley en la Asamblea Nacional que quiere incrementar exponencialmente las responsabilidades a los agentes residentes, endureciendo la ley 129 y otras normas supletorias.
Veo a pocos preguntándose si decisiones tomadas hace décadas, sobre las cuáles se erige parte de la plataforma de servicios offshore, aún son las mejores para nuestro país y su economía.
Uno de los ejes de nuestra legislación de sociedades anónimas y de Fundaciones de Interés Privado es que la identidad del accionista o del beneficiario no es pública. Por ende, no hay forma de averiguar la identidad de dicho accionista o beneficiario final. Eso nos funcionó por décadas pero ahora es causa de buena parte de los ataques de grupos internacionales para con Panamá. Lo cierto es que por salvar el negocio de sociedades off-shore y este principio sacrosanto, hemos ido creando más y más requisitos de cumplimiento para constituir y operar personas jurídicas. El imponer a los agentes residentes la obligación de velar por el cumplimiento de todos estos requisitos inevitablemente conlleva un costo económico importante, y ese costo económico inevitablemente se tiene que traspasar a los clientes.
¿Es lo mejor para nuestro país mantener el principio de anonimidad de los accionistas o beneficiarios finales, si a cambio estamos encareciendo el costo de organizar empresas y estructurar patrimonios a nivel nacional?
Tampoco veo mayor discusión del hecho que somos un país, no una ciudad-estado. Así las cosas, los requisitos de debida diligencia de la Ley 129 y normas supletorias aplican por igual en Pedasí y Changuinola que en la Ciudad de Panamá. El que conoce este país sabe que entre pocos y ningún abogado fuera de la Ciudad de Panamá cuenta con las economías de escala o de la organización para poder constituir y brindar servicios de agente residente, si el parámetro que tiene que cumplir son las exigencias de la ley 129 (ni hablar de la Ley 129 si se llega a modificar).
¿Cómo haría un inversionista turístico en Boquete o alguien que quiere poner una agroindustria en Aguadulce para formalizar su emprendimiento? La respuesta es que van a tener que trabajar directa o indirectamente con firmas de abogados en la Ciudad de Panamá, con el inevitable incremento de costos para esos inversionistas.
¿Es bueno para el interés nacional que los costos para adentrarse en el turismo, el comercio, la industria y en cualquier actividad en el país se incrementen de esta forma?
Realizar debida diligencia a los clientes es algo que no se puede obviar. Pero se hace necesario discutir sobre la introducción de un sistema distinto, en que la anonimidad ya no es la piedra angular y dónde la identidad de los accionistas o beneficiarios finales es pública. Dicho sistema alterno debe implicar costos de incorporación y mantenimiento de personas jurídicas más bajos, evitando también que nuestros pequeños empresarios caigan aún más en la informalidad.
Lo cierto es que el interés nacional no debe ser definido en base exclusiva a lo que nos conviene a los abogados de la Ciudad de Panamá, por encima del resto del país y de la economía nacional.
El autor es abogado
