Nos está tocando vivir tiempos muy difíciles. Ni la generación de nuestros padres ni la nuestra tuvieron nunca que encarar una situación similar. Una pandemia de la que no es posible escapar. Es absolutamente imposible no pensar una y otra vez sobre las innumerables lecciones que esta crisis nos está dejando, tanto en el plano individual, como en el plano social y político. Yo solo anotaré algunas de las lecciones que para mi han sido relevantes, sobre todo para nuestro país.
Creo que es el momento de apuntalar el sistema público de salud. Ha quedado evidenciado que, a pesar de sus deficiencias, el sistema público de salud es el único que está capacitado para hacerle frente a una situación como la que estamos viviendo que, aleatoriamente, volverá a ocurrir en la humanidad. Se piensa que abogar por un sistema público con acceso universal se identifica con alguna ideología determinada, de izquierda, para ser más claros. Pues no. Se identifica con el sentido común y con una conciencia de justicia social. Cito las palabras del presidente francés , a quien nadie puede catalogar de pertenecer a la izquierda: “Lo que ha revelado esta pandemia es que la salud gratuita, nuestro estado de bienestar, no son costos o cargas, sino bienes preciosos y que este tipo de bienes y servicios tienen que estar fuera de las leyes del mercado”. Si esto no nos queda claro ahora, no sé qué más tiene que pasar para que lo entendamos.
Coincidimos en que las autoridades de Salud nos han logrado transmitir que están en control de la situación. La ministra Rosario Turner transmite conocimiento pleno, firmeza y a la vez serenidad. Ella, y las otras autoridades nos han demostrado que saben que lo que tienen en sus manos no es fácil, pero que están preparados para manejarlo. A ellos y a todos los trabajadores de la salud, nuestro respeto y reconocimiento. Esto debería servir para alejar cualquier tentación de privatizar en todo o en parte, los servicios de salud. Hoy, la salud pública de Panamá se está ocupando, sin distingos de ningún tipo, de tomar las medidas de prevención y de atención de todas las personas en el territorio nacional. Hoy, los científicos panameños nos demuestran que capacidad les sobra. La salud y la ciencia no son gastos, son inversiones, de gran rentabilidad.
Conocemos la gravedad de la desigualdad social en Panamá. He reiterado que la desigualdad debería ser tratada como un asunto de seguridad nacional, porque es sin duda el fenómeno que más amenaza la gobernabilidad; es mucho más grave que la pobreza. Estamos ante la evidencia de que tener una sociedad tan desigual se convierte en un grave escollo para aplicar medidas por igual a toda la población. No todas las familias pueden llenar sus despensas de alimentos y abastos. La informalidad laboral precaria, pone a muchas familias en riesgo social. Significa muchas veces ganar día con día el sustento familiar. Si esa posibilidad se interrumpe, el núcleo familiar está en peligro.
Cuando vemos a los adultos mayores que defienden su derecho a sentarse en la banca de un parque, y se resisten a acatar las sensatas medidas que nos imponen las autoridades, pensemos en las condiciones de su vivienda. Tal vez el único espacio del que puedan disponer en “su casa”, sea la cama donde duermen, y eso hace mucho más difícil que voluntariamente nos recluyamos en cuatro paredes.
Si hubiésemos generado capacidades en los gobiernos locales, tendríamos 79 alcaldes y 671 representantes de corregimiento como aliados de primera fila en esta batalla que hoy libramos contra el Covid-19 y sus secuelas sociales y económicas. Hoy, ellos nos podrían decir cuántas personas adultas mayores hay en cada corregimiento, dónde están y cuál es su condición; las capacidades de producción de cada corregimiento, la capacidad digital… Tenemos que repensar el proceso de descentralización para orientarlo a generar capacidades primero, y luego a atender y resolver los problemas reales de cada comunidad. Después de esta crisis, ¿cuántos seguirán pensando que una playa es la necesidad más acuciante del distrito capital?
Si toda la población tuviese el mismo acceso a internet y a equipos tecnológicos, hoy ningún niño estaría perdiendo clases. La brecha digital no es mas que reflejo de esa grave desigualdad de nuestra sociedad.
Las inversiones sociales también tienen grandes réditos para todos.
La autora es exministra de Desarrollo Social y embajadora de Panamá en Naciones Unidas