Fue prohijado por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social el anteproyecto de ley 160, que contiene las pretensiones para modificar la Ley 51 de 2005 de una de las organizaciones que abandonó la mesa del diálogo. Esto representa un desafío a la metodología establecida por el gobierno, que actualmente espera por el informe de la OIT para restablecer el diálogo y manda el mensaje a todos los que respetaron la convocatoria de que mejor hubiese sido irse por la libre y recurrir directamente al amparo de la Asamblea Nacional para poner en ventaja su visión sobre la problemática. Pero, por otro lado, ante la revelación de que los planes últimos del gobierno son pasar la pelota a quien sea que gane en el 2024, se presenta una oportunidad para que el Legislativo tome la iniciativa y convoque a una subcomisión. Si existe la voluntad y no hay pretensiones de favorecer a los proponentes, el anteproyecto, dependiendo de lo que se discuta, puede resultar convenientemente modificado en todos sus aspectos y convertirse en el camino para que se den las reformas a la Ley 51 en esta administración. Todo dependerá de la seriedad con la que se maneje el tema, sobre todo por parte de la Comisión.
Una falacia que han intentado vender voceros del Ejecutivo es “no puede meterse la crisis de la CSS en medio de la pandemia”. Una gran falsedad, ya que el problema era conocido desde antes que ganaran las elecciones y se supone que debían traer un plan para abordarlo. Fue la pandemia la que irrumpió en los problemas nacionales. Un cálculo presentado ante la mesa del diálogo estimó el agotamiento de las reservas en 2023, considerando el impacto de la pandemia. Las cotizaciones activas en el subsistema de beneficio definido no representan suficientes ingresos para cubrir los egresos que generan las pensiones.
El escenario económico por venir es complejo y cualquier maniobra presupuestaria requerirá pulso de cirujano, ya que afectará dinero asignado a otros rubros e impactará el déficit fiscal. Venimos de ingresos inferiores a lo presupuestado durante 2019 y la mayoría de 2020. Los ingresos corrientes y tributarios respecto del PIB han sido los más bajos desde 2004. Los gastos en planilla del gobierno central a 2020 fueron 3 veces mayores de lo que eran en 2009, los gastos corrientes crecieron 2.4 veces y los ingresos corrientes solamente 1.5. En 2019, el ahorro corriente fue el más bajo de los últimos 13 años y la inversión pública como porcentaje del PIB fue la más baja desde 2008. La ley de responsabilidad social fiscal irá reduciendo el techo de endeudamiento de 10.5% en 2020 a 1.5% en 2025, contrayendo la capacidad de adquirir deuda por parte del Estado.
La solución a la crisis implica incorporar distintos elementos para lograr sostenibilidad. Es necesario valorar paramétricas que ayuden a permear el déficit en el tiempo, procurando la menor afectación de los derechos de los asegurados; el Estado tendrá que analizar aportes extraordinarios y la asignación de nuevos ingresos al programa de Invalidez, Vejez y Muerte. Esta labor requiere de un profundo análisis financiero para viabilizar los caminos a escoger. No se puede continuar jugando a tomar decisiones técnicas con enfoque político y buscando caer bien hoy, dejando un desastre para mañana. Se hace preciso acotar que dentro de este análisis no debe permitirse jamás la afectación de los ahorros individuales de los asegurados en el Subsistema Mixto, ya que es dinero de su propiedad. Les pertenece.
Finalmente, sobre todo se necesita una reforma integral de la estructura administrativa, empezando por la forma como se designan los miembros de la Junta Directiva. No se le pueden pedir sacrificios al país y a los asegurados y al mismo tiempo decirles que la institución va a quedar en manos de la misma gente y exactamente bajo el mismo sistema de gobierno interno que nos ha llevado al fracaso.
El autor es abogado y miembro de la Mesa Plenaria del Diálogo Nacional por la Caja de Seguro Social
