La Ley 82 de 2013 define como violencia contra las mujeres cualquier acción, omisión o práctica discriminatoria basada en la pertenencia al sexo femenino en el ámbito público o privado, que ponga a las mujeres en desventaja con respecto a los hombres. La violencia hacia las mujeres es consecuencia de lo que Johan Galtung llama “violencia estructural”, que a su vez se sostiene en la violencia cultural, materializada en actitudes, discursos, ideas y creencias que justifican la violencia directa o estructural hacia determinados sectores de la sociedad, en este caso las mujeres.
Por ello, a pesar de varios esfuerzos legislativos para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres en Panamá, los datos aún apuntan a que las acciones, prácticas discriminatorias y omisiones siguen dándose y continúan legitimándose por medio de instituciones estructuralmente desiguales, como la familia, el espacio público, el trabajo o la economía. Por ejemplo, el 70.6% del trabajo de cuidados no remunerado es realizado por las mujeres (CIEPS, 2019). A septiembre de 2020, fueron denunciados 11,006 casos de violencia doméstica (Ministerio Público, 2020), de los cuales el 80% de las víctimas fueron mujeres. En ese mismo periodo han ocurrido 24 femicidios, 15 muertes violentas de mujeres y 1,653 casos de violación sexual (Ministerio Público 2020) y, de estos últimos, el 90% de las víctimas fueron mujeres.
Por otra parte, a septiembre de 2020, el 66% de las contrataciones formales fueron de hombres, frente al 34% de mujeres (Mitradel, 2020). Además, mientras que los hombres representan el 78.4% de la población económicamente activa, las mujeres son el 54.3%.
Entonces, ¿qué hacer frente a ello? Las normas jurídicas son importantes, pero no bastan. Es preciso que vayan acompañadas de políticas públicas con presupuestos que permitan ejecutarlas y transversalizar la perspectiva de género, no solo en las leyes, sino además en las instituciones y en las ciencias; en los currículos escolares y en los medios de comunicación. Así será posible combatir la violencia estructural hacia las mujeres, que actualmente es legitimada desde dichos espacios por medio de la cultura, que es la dimensión simbólica de la sociedad.
El autor es doctora en Derecho, investigadora del CIEPS e integrante de Ciencia en Panamá