Garantás constitucionales

¿Y si falla la Corte?

Con la propagación de la Covid-19, Panamá está enfrentando uno de los mayores retos de su joven vida republicana; estos nos han puesto a prueba como sociedad, como gobierno, y sobre todo a la institucionalidad de nuestra democracia.

El Órgano Ejecutivo, a través del Decreto de Gabinete Nº 11 del 13 de marzo de 2020, decretó un “Estado de Emergencia Nacional” como consecuencia de los efectos generados por la enfermedad Covid-19, en el que, además de otras medidas, se autorizaba la contratación directa por 50 millones de dólares, en un periodo de 6 meses.

Dentro de ese decreto se utilizó como fundamento legal, la Ley de Contrataciones Públicas, que efectivamente contempla la figura de “Estado de Emergencia”; sin embargo, surgió el debate si este “Estado de Emergencia” podía ser interpretado como un “Estado de Urgencia” reglamentado por el artículo 55 de nuestra Constitución.

Algunos profesionales panameños, eran de la opinión que la expresión “Emergencia” y “Urgencia” son sinónimos y por lo tanto con dicha declaración de “estado de emergencia” el Órgano Ejecutivo unilateralmente podía decretar la suspensión de algunos derechos fundamentales, como medidas para combatir el Coronavirus. La verdad es que, en dicho Decreto de Gabinete no se decretaban tales suspensiones, por lo que el debate era más académico que práctico.

Sin embargo, el 17 de marzo de 2020, se emitió el Decreto Ejecutivo Nº 490, en el cual se ordena toque de queda en todo el territorio nacional desde las 9:00 p.m. hasta las 5:00 a.m.; dentro de este decreto y de los posteriores a este, se utilizó como fundamento legal, entre otras normas, el Código Sanitario de la República de Panamá y la Ley que crea el Ministerio de Seguridad; leyes que no regulan la suspensión de derechos fundamentales.

Ante lo anterior, varios abogados del país han demandado la inconstitucionalidad de dichos decretos ante el silencio de la Corte Suprema de Justicia, de la que muchos pensamos procederá a resolver una vez el “Estado de Emergencia Nacional” haya sido levantado por el Ejecutivo; esto nos lleva a preguntarnos ¿Y si la Corte falla a tiempo?

En este caso hipotético de un fallo oportuno, la Corte debe tomar en cuenta que el derecho fundamental a transitar libremente, está regulado por el artículo 27 y el derecho a la libre reunión por el artículo 38 de nuestra Constitución. En palabras sencillas, la forma correcta de suspender estos dos derechos fundamentales no puede ser a través de una ley o decreto de menor rango que la Constitución, si no que esta suspensión procede a través del proceso “Estado de Urgencia” regulado por la misma Constitución (art. 55); esto se debe realizar de esta manera con el fin de que esta suspensión de derechos tan importantes para el ciudadano no quede solo en manos del presidente del Órgano Ejecutivo, sino que tenga el contrapeso de la intervensión del Órgano Legislativo, precisamente para proteger el Estado de derecho en el que vivimos.

Por lo anterior, la Corte Suprema debería decretar como insconstitucionales los decretos emitidos por el Órgano Ejecutivo que limiten los derechos fundamentales protegidos por la Constitución y por lo tanto estos quedarían inmediatamente sin efecto, lo que obligaría al Gobierno a levantar todas las restricciones a los derechos constitucionales de los ciudadanos y al mismo tiempo obligaría al Ejecutivo a utilizar la vía del artículo 55 de la Constitución para poder decretar el Estado de Urgencia como realmente corresponde.

Este artículo no pretende cuestionar la eficacia o no, de las medidas tomadas por el Ejecutivo para luchar contra la pandemia de la Covid-19, sin embargo sí somos de la opinión que las mismas no cuentan con un fundamento jurídico válido que las sustenten, lo que a todas luces pone en peligro el ya débil Estado de derecho que tenemos en Panamá.

El autor es miembro de la Fundación Libertad, abogado y profesor de derecho

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