Un docena de funcionarios de la Autoridad de Transporte Terrestre y de la Contraloría General de la República entre 2009 y 2014 incumplieron con sus funciones y permitieron una lesión patrimonial al Estado de $17.9 millones en el proceso de compensación de buses diablos rojos.
Así lo concluye la Fiscalía de Cuentas que pide juicio para 253 personas.
Millonarios pagos por cupos o buses fantasmas
La Fiscalía de Cuentas, a través de la vista fiscal No 002-22 del pasado 15 de febrero del 2022, solicitó al Tribunal de Cuentas el llamamiento a juicio de 253 personas por lesiones patrimoniales al Estado por un monto de $17 millones 920 mil, en el proceso de compensación de buses diablos rojos.
Entre 2009 y 2014, como parte del cambio del sistema de diablos rojos a Metro Bus en Panamá y San Miguelito, el Estado entregó indemnizaciones a cambio de 2 mil 649 certificados de operación o cupos, proceso que también es investigado en la esfera penal.
En la vista la fiscal de cuentas, Waleska Hormechea, solicita a los magistrados Alberto Cigarruista, Rainier Del Rosario y Álvaro Visuetti juicio para 224 personas particulares, seis personas jurídicas, para cinco fiscalizadores de la Contraloría General de la República, siete exfuncionarios de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y 21 concesionarias o prestatarias del servicio de transporte.
El informe de auditoría de la Contraloría No 029-103-2018-DINAG-DSAE de 3 de octubre de 2018 reveló que de los 590 cupos analizados, en 70 de ellos no se observan pagos. En los restantes 520 que fueron indemnizados 462 tenían retrasos en los pagos de placa de transporte público e irregularidades en cuanto a que se reasignaron y transfirieron a nuevo titulares.
De acuerdo con la investigación de la fiscalía, entre las anomalías detectadas en el proceso de compensación resalta que la documentación de solicitudes de las concesionarias para acogerse al beneficio contenía, por ejemplo, información manuscrita sobrepuesta, tachones, borrones, textos ilegibles, sin fecha y firma de los representantes de las concesionarias.
Además, se encontró que la ATTT pagaba la compensación por los cupos sin que primero se acreditara la solicitud de la concesionaria.
También observaron notificaciones, vía edicto, que no coincidían con las generales del vehículo a compensar.
Otra anomalía es que se ubicaron pagos hechos a personas que declaraban que los dueños de los cupos tenían deudas con ellos producto de transacciones crediticias, sin tener evidencias de tal afirmación.
Exfuncionarios violaron e incumplieron la ley
La investigación de la fiscalía precisa que entre 2009 a 2014 en las oficinas de la ATTT, ubicadas en el centro comercial Los Pueblos 2000, organizaciones transportistas y propietarios de buses recibieron $24 millones del Estado en materia de compensación y que estos cheques fueron refrendados por cinco funcionarios de la Contraloría y que el proceso de pago fue gestionado por solo siete funcionarios de la ATTT.
Las pesquisas arrojaron que los funcionarios de ATTT incumplieron con la buena administración de los fondos asignados para la compensación y que los fiscalizadores de la Contraloría tampoco cumplieron su rol, ya que permitieron los pagos sin verificar los documentos aportados por los beneficiarios y concesionarias.
En sus conclusiones, la fiscal Hormechea dice que en las diligencias finales de la investigación surgieron nuevos hechos que deben ser aclarados, entre ellos si hubo más personas beneficiadas con las irregularidades.
Otro de los hechos relevantes es que al tomar declaración a personas supuestamente compensadas algunas dijeron no reconocer ni las firmas que aparecían en los documentos, ni los números de cuentas de diferentes bancos donde se depositó la totalidad o parte de los fondos que supuestamente recibieron como compensación.
