En medio de los escándalos de irregularidades en las diferentes instituciones del país bajo el mandato del presidente de la República, Laurentino Cortizo, se creó la llamada comisión interinstitucional de seguimiento de políticas públicas anticorrupción.
La nueva instancia busca darle seguimiento al cumplimiento de los tres ejes del plan estratégico institucional (2020-2024) de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai); del Reto de Transparencia 2019, al que se comprometió Cortizo en campaña; de la Ley 15 de 2005, por la cual se aprueba la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, y de la Ley 42 de 1998, que aprueba la Convención Interamericana contra la Corrupción.
La citada comisión estará conformada por los titulares (o sus representantes) de 18 entidades, como la directora de la Antai, el alcalde de Panamá, los procuradores de la Nación y de la Administración, el contralor general y el fiscal de Cuentas. También tendrá un puesto la Asamblea Nacional y otro el Órgano Judicial, entre otros.
En la resolución que crea la comisión, la Antai dejó claro que “urge” tomar medidas y acciones encaminadas a prevenir la corrupción, pues “genera graves consecuencias para la democracia de un país, se debilitan las instituciones, se pierde la confianza ciudadana y se aumenta la desigualdad”.
Carlos Barsallo, presidente de Transparencia Internacional (Panamá), manifestó que, aunque basado en las experiencias de este tipo de iniciativas, “somos escépticos con fundamento en la historia y sus resultados”, habrá que dejarla funcionar para ver resultados.
