Tres semanas han transcurrido desde que Corporación La Prensa (Corprensa) fue notificada del Oficio de Secuestro de sus cuentas bancarias. El 21 de julio, Corprensa presentó, a través de sus apoderados, una petición de levantamiento de los bienes secuestrados en exceso a un millón 131 mil dólares. Al cierre de la jornada del viernes 24, la juez Lina Castro De León, del Juzgado Decimoquinto de lo Civil, no había emitido un pronunciamiento. Esto, a pesar de que se tenían confirmaciones bancarias desde el 13 de julio, que permitían verificar que el secuestro ya se excedía en al menos $329 mil.
El secuestro, por un millón 131 mil dólares, fue aprobado por la juez, a petición del expresidente Ernesto Pérez Balladares, quien demandó por $5.5 millones a Corprensa por presuntos daños y perjuicios en marzo de 2012. El caso se encuentra en primera instancia, en fase de presentación de pruebas, sin un fallo a favor ni en contra.
Silencio de la juez Castro, ante el secuestro de Corprensa
La juez Decimoquinta Civil, Lina Castro De León, aún no se ha pronunciado frente a una nueva solicitud presentada el martes 21 de julio para liberar el excedente del monto secuestrado a Corporación La Prensa (Corprensa), dentro del pleito interpuesto hace ocho años por el expresidente Ernesto Pérez Balladares.
Corprensa sostiene que se le han retenido cuentas bancarias y valores por $1.46 millones, lo que supera el monto del secuestro civil concedido al exgobernante.
El pasado 22 de junio, la juez concedió el secuestro civil solicitado por Pérez Balladares, por hasta $1.13 millones, en el contexto de una demanda presentada contra Corprensa en marzo de 2012 -aún en primera instancia, en fase de pruebas-, en la que reclama $5.5 millones, por presuntos daños y perjuicios.
En virtud de esa orden, BG Valores contestó el 7 de julio al juzgado que había retenido sumas del portafolio No. 1224 y de la cuenta Money Market, por la suma total de $964,828.68. A su vez, Banco General comunicó el 13 de julio el secuestro de una cuenta, por $495,728.32, lo que -sumado a la cifra anterior- arroja un monto de poco más de $1.46 millones. Banco General también informó que había retenido otras cuentas de Corprensa. Posteriormente, el 17 de julio, Scotia Bank confirmaría el secuestro de $12,956.75.
Dado que era evidente que el monto a favor de Pérez Balladares ya se encontraba asegurado, Corprensa solicitó el 21 de julio, a través de la firma Galindo, Arias y López, a la juez que ordene el levantamiento del secuestro, en lo que respecta a los excedentes. Al cierre de la jornada de ayer, la juez no se había pronunciado.
Anteriormente, la juez Castro ya rechazó una fianza de seguro por $1.13 millones, consignada por Corprensa a primera hora de la mañana del lunes 6 de julio. Corprensa fue notificada por uno de sus bancos del secuestro de sus cuentas bancarias en la mañana del sábado 4 de julio, por lo que se trabajó para llegar al juzgado a primera hora, adelantándose a las confirmaciones bancarias.
Según la legislación procesal panameña, si el juzgado no ha recibido confirmaciones bancarias, una vez consignada la fianza de una empresa de seguros, el secuestro debe levantarse “de plano”, de acuerdo con el artículo 536 del Código de Procedimiento Civil. Esto no ocurrió, pese a que la fianza cubría el total del monto secuestrado, ya que la juez se pronunció en rechazo de la fianza y la petición del levantamiento del secuestro en la tarde del miércoles 8 de julio. La fianza que había sido consignada por el expresidente para realizar el secuestro fue por la suma de $250 mil.
“La medida entorpece la operación y viabilidad de la empresa a mediano plazo”, dijo Diego Quijano, presidente de Corprensa, más ahora, en media pandemia, cuando la economía se encuentra parcialmente clausurada. “En este momento, lo que más pesa sobre nosotros es la expectativa de que ese dinero estará congelado por 5 a 10 años, mientras el caso este sigue su curso en el sistema judicial”.
Especialistas en derechos humanos han manifestado el riesgo para la libertad de prensa y el derecho al acceso a la información de que el sistema judicial panameño permita estas acciones de hostigamiento judicial contra los medios de comunicación y activistas.
La semana pasada, en una carta enviada a Edison Lanza, relator especial de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y a Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH, 11 organizaciones panameñas solicitaron que sea acogida la petición de medidas cautelares presentada por el abogado Félix Wing, a favor de la población panameña y Corprensa.
Las organizaciones sostienen que “el objetivo del hostigamiento judicial es claro: distrae tiempo, energía y recursos de la labor del demandado, y cuando se trata de un medio de comunicación, es aun más claro: silenciarlo y arrodillarlo”.
