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AN sigue sin honrar su promesa de transparencia

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La Asamblea Nacional (AN) faltó a sus promesas de transparencia y se niega a publicar la información del personal contratado por servicios profesionales.

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Acatar la ley no requiere de más fondos: AntaiCorte ordena levantar secreto a la Asamblea NacionalContratos, fraudes legislativos

La Prensa solicitó esta información y como la petición fue ignorada, acudió a la Corte Suprema de Justicia.

El Órgano Legislativo prometió al magistrado sustanciador de un habeas data a favor de La Prensa que entregaría la información si el medio replanteaba su petición, pero cuando lo hizo, tampoco la entregó. Pese a una orden de la Corte Suprema para entregar la información solicitada, esta aún se mantiene en secreto.

AN: historia de un desacato

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“La ayuda que me ofrecieron me llegó a mi casa en un contrato que tenía que firmar... lo cogí por necesidad”, relató Celideth Acosta, una panameña que vive en condiciones precarias y que recibió $30 de un contrato de $3 mil 600, aunque no brindó servicio alguno para la Asamblea Nacional (AN).

Con esta historia, La Prensa estableció un patrón que se repitió decenas de veces con nombres distintos, dejando al descubierto irregularidades en los contratos de la partida 172 de la AN.

En marzo de 2017 (ver carta 1), este diario pidió al Legislativo la lista de las personas contratadas y sus funciones. Un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) –divulgado en diciembre de 2017– concedió una habeas data a este medio, obligando a la AN a entregar la información solicitada. Pero el Legislativo no ha revelado un solo nombre de los contratados ni sus labores (ver carta 5).

Pese a que el fallo declaró que la información es pública –con ponencia del magistrado suplente Luis Mario Carrasco– la AN insistió en lo contrario: que es confidencial.

“Las instituciones deben tener prudencia y cautela ante la posibilidad de brindar información confidencial”, respondió Yanibel Ábrego, presidenta de la AN, en carta fechada el 3 de enero pasado, dirigida a La Prensa, contraviniendo el fallo de la Corte (ver carta 5).

AN sigue sin honrar su promesa de transparencia
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Ábrego hizo un resumen de las contrataciones, contrario a lo solicitado, que pidió expresamente el nombre de los contratados, sus números de cédula y sus respectivas funciones, tal como permite hacerlo la Ley de Transparencia.

Por ejemplo, Ábrego indicó que entre julio de 2014 y marzo de 2017 fueron contratadas 17 mil 874 personas, y que cada una pudo tener más de un contrato. Los agrupó por edad, sexo y rango salarial.

Para la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, esta respuesta es un “mal chiste”. Le exigió a la Asamblea cumplir el fallo publicando la información en su sitio web, algo que tampoco ha hecho, con excepción de la planilla de la partida 080, del personal de confianza de los diputados.

Argucias

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Antes del fallo, la AN respondió a la Corte que, aunque tenía la información solicitada, La Prensa debía reformular su petición, “a fin de que, a sus costas, se le puedan suministrar las copias” de los contratos, escribió Franz Wever, secretario general de la AN (ver carta 2).

Así lo hizo La Prensa: “nuevamente reiteramos dicha petición... y que la información sea entregada en la forma en que la tengan”.

Pero el Legislativo dio un giro inesperado al compromiso expresado ante el máximo tribunal. “Consideramos que se incluye dentro de lo definido como información confidencial y debe ser entregada solo a petición de una autoridad competente”, escribió Ábrego (ver cartas 3 y 4).

La CSJ falló, concediendo el habeas data, pero la Asamblea envió a este medio un resumen estadístico (ver carta 5). De ahí que se apeló a la figura del desacato contra la AN, lo cual debería ser decidido en la próxima reunión plenaria de la CSJ, este jueves.

Más promesas

Ábrego indicó que buscaba más presupuesto, porque requería de un “software especial” para tramitar la petición de La Prensa, y por ello había entregado un resumen (ver carta 5).

Luego, consultada por los programas gratuitos de datos abiertos existentes en el Estado o la razón por la cual no se utilizaba el mismo mecanismo para revelar la planilla 080, prometió cumplir el mandato de la CSJ en mayo de 2018, lo que, a la fecha, no ha ocurrido. “Se están realizando las gestiones y coordinaciones administrativas para que se publique lo referente a las contrataciones por esos servicios, dentro del mismo portal de la asamblea.gob.pa”, contestó.

AN sigue sin honrar su promesa de transparencia
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El acceso a información pública es reconocido como un derecho humano. Si la CSJ declara que Ábregó cometió desacato, podría ser destituida de su cargo y ser procesada penalmente.

En reacción al recurso de desacato, en marzo pasado, Ábrego demandó la inconstitucionalidad del artículo 20 de la Ley de Transparencia –que establece la sanción por negarse a entregar información pública–, así como el artículo 11 de la misma ley, que indica que es de acceso público la información de las planillas. No obstante, la advertencia nunca llegó al pleno de la Corte.

Actualmente, el fallo es motivo de análisis por el pleno de la CSJ, y la semana pasada circuló un proyecto de fallo a favor del desacato, pero los magistrados no pudieron ponerse de acuerdo, por lo que debería ser visto esta semana.

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