El presidente de la Asociación Panameña de Propietarios de Armas (APPA), Isaac Brawerman, defendió las reformas propuestas a la Ley 57 de 2011 sobre comercialización de armas de fuego, que fueron introducidas -a último momento- en el proyecto de ley 716, que modifica el Código Penal.
Brawerman aseguró a este medio que las reformas a la Ley 57 no eliminan los requisitos para el porte de armas en el país.
Indicó que a pesar de que el proyecto de ley contempla derogar el Decreto Ejecutivo 422 de julio de 2018, no elimina los requisitos para solicitar permisos de armas en Panamá que ya están listados en la Ley 57 de 2011.
Dicho decreto dispone que para solicitar un permiso de arma de fuego se deben practicar pruebas de biométrica facial, huellas dactilares de ambas manos y una muestra de ácido desoxirribonucleico (ADN).
De acuerdo con Brawerman, el Decreto 422 señala requisitos adicionales que si se eliminan no tendrían efectos en los trámites de los permisos para portar armas, porque en la Ley 57 quedarán los “requisitos más rigurosos”.
Contra veda y decreto
Recordó que la APPA presentó una demanda ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia contra el Decreto 422 -que no ha sido resuelta- ante esta norma por considerar que viola la Ley 57.
Indicó que a través de ese decreto se imponen requisitos a discrecionalidad por parte de la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública (Diasp) del Ministerio de Seguridad para el permiso de porte de armas.
Por ejemplo, precisó que el decreto señala que el director de la Diasp determinará, a discreción, el costo de las pruebas de ADN y el laboratorio que los realizará.
Indicó que el decreto está en directa violación a la Ley 80 de 1998, que regula las pruebas de ADN y establece que solo el Instituto de Medicina legal y Ciencias Forenses (Imelcf) puede administrarlas y almacenar los datos recabados.
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‘Es un negociado’
La Comisión Legislativa de Gobierno, con el aval de diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Cambio Democrático (CD), avaló el martes pasado el proyecto de ley 716.
Aunque Brawerman asegura que no se trató de un “camarón legislativo” con relación a las modificaciones incluidas al proyecto , el diputado panameñista José Luis Varela señaló que sí, debido a que los cambios fueron introducidos menos de 10 minutos antes de la aprobación de la propuesta en primer debate.
Varela indicó que esto “es un negocio de alguien, se hizo porque aquí hay un negociado para hacerle un favor a alguien”.
El diputado manifestó que si bien el proyecto tenía un propósito bueno que se podía discutir, metieron cambios sin escuchar la opinión del Ministerio de Gobierno.
Advirtió que muchas de las armas que se usan aquí en Panamá para cometer delitos tienen registro de terceras personas.
Originalmente, el proyecto 716, propuesto por el diputado de CD Rony Araúz, busca eximir de responsabilidad penal a aquellas personas que actúen en legítima defensa en caso de ver amenazada su vida o bienes.
Sin embargo, la propuesta se fusionó con un anteproyecto de ley presentado por el perredista Iván Picota, que plantea modificaciones a la Ley 57 de 2011 para levantar la veda en la importación de armas y deroga el Decreto 422.
Brawerman es de la idea de que la veda en la importación de armas -impuesta de 2010 a través de resueltos del Ministerio de Gobierno- no ha logrado reducir los índices de delincuencia y violencia en Panamá.