La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció ayer ajustes a la tasa de inscripción, tanto a los vehículos nuevos como a los de segunda importados.
Julio González, director de esta institución, explicó que mediante la Resolución JD-03 del 3 de enero de 2017 se establece una tasa fija de inscripción de $100 para los carros con un valor menor a $15 mil, mientras que para los automóviles con un valor mayor a $15 mil y menor a $50 mil se aplicará una tasa de 1% del valor del vehículo. También los que cuesten más de $50 mil hasta los $85 mil pagarían el 1.25% (Ver tabla).
Además, el documento precisa que para los carros que sean importados de segunda mano se tendrá un costo base de $500, mientras que aquellos que sean de lujo deberán pagar un 2% del valor reportado en la Dirección General de Aduanas.
De este ajuste están exentos los vehículos del transporte público, equipo agrícola, los vehículos estatales y el transporte de carga.
González subrayó que la recaudación que se obtenga de esta nueva tarifa se destinará a mejorar el servicio de transporte público colectivo en el área metropolitana, hacer trabajos de señalización y mejorar el sistema de semáforos.
LAS CRÍTICAS
Pese a que el director de la ATTT aseguró que se hicieron las consultas públicas que ameritaba este tema, los representante de la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá manifestaron que no fueron tomados en cuenta.
Patricia Volkeja, vocera de esta organización, que agrupa a más de 30 empresas involucradas en el negocio de importación y distribución de automóviles, puntualizó que la noticia los tomó por “sorpresa”.
Agregó que en ningún momento se les invitó a participar de los análisis previos. No obstante, señaló que realizarán una evaluación de la resolución para posteriormente pronunciarse acerca del impacto que puede tener la medida sobre sus actividades comerciales.
Por su lado, Sandra Escorcia, exdirectora de la ATTT, consideró que este incremento es “una burla al público” porque la ATTT es una entidad que “no cumple con sus funciones”. La exfuncionaria consideró que cualquier incremento que se proponga es “inoportuno y atrevido” si no se realiza el debido proceso de consulta con los posibles afectados.
Por último, argumentó que las actuales autoridades no han sabido poner orden en aspectos en los que no se requiere presupuesto sino voluntad, como por ejemplo aplicar medidas que minimicen los tranques, o en temas como el transporte pirata y el selectivo, a los que calificó como “un desastre” para el país.