El abogado del Gobierno brasileño aseguró ayer que el proceso de destitución incoado en el Congreso contra la presidenta Dilma Rousseff obedece a un “acto de venganza” del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha.
Cunha aceptó la presentación de un pedido de destitución presentado por la oposición, “por venganza, porque el Gobierno no lo apoyó para evitar el proceso” que la Comisión de Ética de la Cámara le había abierto por acusaciones de haber aceptado sobornos, dijo el abogado general del gobierno, José Eduardo Cardozo.
“Cunha cometió un desvío de poder al utilizar el procedimiento de destitución como represalia”, remachó Cardozo al presentar su alegato final ante la comisión de 65 parlamentarios que debe dar su parecer sobre la apertura de un juicio de destitución de la mandataria de izquierda.
Cunha, tercero en la línea de sucesión de Rousseff, se convirtió el mes pasado en el primer político brasileño protegido por fueros que deberá sentarse en el banquillo de la Corte Suprema, por haber recibido, según la acusación, al menos 5 millones de dólares en sobornos procedentes de la red corrupta que desangró a la estatal Petrobras.
La decisión fue aprobada por los 10 jueces de la Comisión de Ética de la Cámara.
La oposición solicitó la destitución de Rousseff por presunto maquillaje de las cuentas públicas en 2014, para reducir el impacto de la desaceleración económica y asegurar su reelección.