Abogado pide cerrar el proceso contra Ríos Montt

Según la defensa del exdictador militar, a este se le diagnosticó demencia y serios problemas de salud por su avanzada edad, por lo que no debería ser juzgado.

Abogado pide cerrar el proceso contra Ríos Montt
Efraín Ríos Montt

La defensa del exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt pidió ayer cerrar el proceso judicial contra su cliente por la masacre de 201 campesinos a manos del ejército durante su régimen entre 1982 y 1983, alegando que el anciano militar padece demencia.

Pedimos “que se suspenda totalmente la persecución penal” contra Ríos Montt , de 90 años, expresó el abogado Jaime Hernández durante una audiencia en el Juzgado de Mayor Riesgo A, a cargo del caso.

El jurista explicó que, en agosto del año pasado, a su defendido se le diagnosticó demencia y serios problemas de salud por su avanzada edad que lo imposibilita para atender audiencias judiciales.

El juzgado que ventila casos de alto impacto, a cargo de Claudette Domínguez, debe decidir si el exdictador enfrenta un juicio por la masacre de 201 campesinos cometida entre el 6 y el 8 de diciembre de 1982 en la aldea Dos Erres, en el norteño departamento de Petén, en el marco del conflicto armado (1960-1996).

Domínguez explicó que resolverá la petición el próximo 16 de noviembre, porque los abogados no presentaron un documento en que la familia del exdictador les autoriza su representación.

La justicia guatemalteca también tiene pendiente iniciar un juicio especial contra Ríos Montt por el genocidio de indígenas mayas-ixiles en el noroccidental departamento de Quiché.

El proceso especial, a puerta cerrada, se ordenó por la situación física y mental del exdictador, quien de ser hallado culpable no iría a prisión, sino recluido en su residencia o un hospital.

Hernández también ha solicitado en varias ocasiones el fin de ese proceso por el diagnostico de demencia, pero el recurso no ha sido resuelto.

El general retirado había sido sentenciado a 80 años de prisión el 10 de mayo de 2013 por genocidio, pero la Corte de Constitucionalidad, máxima instancia judicial de Guatemala, anuló el fallo por errores procesales y ordenó realizar nuevamente el juicio.


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